La Junta de Fiscales ha avalado este martes –por 19 votos a favor, 17 en contra y 1 abstención–, tras cinco horas de reunión, la orden impartida por el fiscal general del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz, de informar al Tribunal Supremo para que aplique la ley de amnistía al delito de malversación que se le atribuye a los encausados del ‘procés’. Entre ellos, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Los dos votos de diferencia han sido los de García Ortiz –no es normal que el fiscal general del Estado vote en estos casos– y Dolores Delgado, que sigue siendo fiscal del Supremo porque el Gobierno no ha ejecutado la sentencia firme,
El voto de la abstención ha sido el de Antonio Vercher, fiscal de Sala de Medio Ambiente.
Isabel Rodríguez Mateo, nueva fiscal de Sala de la Fiscalía Togada en sustitución de Delgado después de que el TS anulara este otro nombramiento de Delgado, no ha podido participar porque aún no ha tomado posesión de su cargo.
La Junta se ha celebrado después de que los fiscales del procés, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Jaime Moreno y Javier Zaragoza, invocasen el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal al no estar de acuerdo con el criterio del FGE de aplicar la amnistía.
A su juicio, era «indudable» que Puigdemont y el resto de encausados «sustrajeron caudales públicos en forma de millones de euros para ejecutar contra las decisiones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña un proyecto inconstitucional de desintegración de España».
No obstante, sí veían viable perdonar la desobediencia y los desórdenes públicos.
García Ortiz ha defendido que debe aplicarse a todos los delitos de esta causa, sin excepciones.
Desde su punto de vista, a malversación del ‘procés’ se puede amnistiar porque el perjuicio patrimonial para la Administración que causaron los encausados no es equiparable al «enriquecimiento personal de carácter patrimonial».
Según fuentes de la Fiscalía, la teniente fiscal del TS, Ángeles Sánchez Conde, y el fiscal de Sala Jefe de lo Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, Joaquín Sánchez-Covisa serán los encargados de presentar el informe de la Fiscalía en respuesta a las providencias de 11 de junio de 2024.
A la Junta, que ha empezado a las 9:30 horas, han acudido 34 fiscales de forma presencial, 3 de forma telemática y 2 han excusado su presencia por razones médicas.
La reunión ha empezado con la intervención de los fiscales del «procés» para explicar el porqué de su rechazo a la orden dada por su superior jerárquico.
Los cuatro, que estaban al frente de la causa del procés desde 2017, ya habían trasladado a García Ortiz hace unas semanas que su informe sería favorable a amnistiar la desobediencia, pero no la malversación que se le atribuye al prófugo Carles Puigdemont, a los exconsejeros procesados en rebeldía, al exvicepresidente del gobierno autonómico catalán, Oriol Junqueras, y a los exconsejeros condenados.
Posteriormente se ha producido un debate estrictamente jurídico respecto del encaje de los hechos de la causa del procès en la ley de amnistía.
La mayoría ha coincidido con el fiscal general en que, tras la entrada en vigor de la ley, «procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de dichos procedimientos, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados», lo que incluye la orden nacional de detención activa contra Puigdemont.
En total, han participado 37 fiscales. 13 han adoptado por no hacer uso de su turno de palabra.
Durante el mandato del antecesor del actual fiscal general del Estado y de su antecesora se han realizado 33 nombramientos, de los cuales 17 implicaron promoción a la primera categoría.
De esos 17, 14 (el 82,3 %) fueron miembros -o exmiembros- de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación a la que han pertenecido García Ortiz y Delgado. Solo 3 fueron no asociados o de otras asociaciones. La UPF representa el 8,3 % (225 de 2.700) de los fiscales que conforman la carrera judicial.
La Fiscalía enviará mañana su respuesta al juez instructor del ‘procés’ Pablo Llarena y a la Sala de lo Penal del Supremo.
