La exfiscal general del Estado y uno de los cuatro fiscales del «procés», Consuelo Madrigal, propuso ayer públicamente una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para impedir que el fiscal general del Estado, una vez nombrado por el Gobierno, se convierta en su «vasallo».
Madrigal considera que tanto la responsabilidad del fiscal general del Estado en sus decisiones como la del resto de fiscales debería estar regulada.
Madrigal hizo estas afirmaciones en el evento de presentación del libro «Instituciones del Estado Democrático de Derecho», publicado por la Fundación Rafael del Pino, en el que también intervinieron el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, y el exmagistrado del Tribunal Constitucional (TC) Manuel Aragón.
Consuelo Madrigal fue uno de los fiscales 17 fiscales que votaron en contra de perdonar la malversación a todos los condenados e investigados en la causa del «procés», por considerar que no existió enriquecimiento personal, tal como establece la ley de amnistía. Una votación que perdieron frente a los 19 que lo hicieron a favor (entre ellos el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz –lo que no es usual en absoluto– y Dolores Delgado, cuyo nombramiento como fiscal de Sala del Supremo había sido anulado por ese mismo órgano judicial), suscribiendo así el planteamiento de García Ortiz.
Madrigal insistió en la necesidad de reformar el EOMF para garantizar la imparcialidad en el Ministerio Fiscal. Subrayó que no se puede depender del talante del fiscal general de turno ni de los fiscales individuales, sino que se debe asegurar «como se garantiza la independencia judicial».
Añadió que esta garantía debería incluir la «exigencia de responsabilidad», ya que los fiscales deben responder por decisiones «mínimamente razonables». Actualmente, el fiscal general es una excepción en esta responsabilidad, por lo que propone una regulación más precisa.
Madrigal también señaló la importancia de establecer «pautas de transparencia, rendición de cuentas y un catálogo de cuestiones de idoneidad» para asegurar la imparcialidad.
El presidente del CGPJ también subrayó la necesidad de defender la imparcialidad e independencia del poder judicial para enfrentar «los ataques a su independencia». Sobre el bloqueo en la renovación del CGPJ, Guilarte destacó que esta situación deteriora las instituciones y perjudica a la judicatura «sin ser culpa suya».
Finalmente, el magistrado emérito del TC Manuel Aragón opinó que una de las principales amenazas para la democracia es la distorsión de la Constitución, vinculada a «la colonización de las instituciones por los partidos políticos», lo que destruye la división de poderes.
«Afortunadamente, algunas instituciones aún resisten, pero esta es una amenaza tanto en España como en el mundo occidental», concluyó.
