91.88 euros frente a los 44.7 actuales, según datos ofrecidos por el operador de mercado OMIE. El recibo de la luz, por lo tanto, sigue siendo noticia, en medio del debate sobre la llamada pobreza energética y coincidiendo con el anuncio del titular de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal de modificar los plazos que permiten cortar el suministro de luz por impago.
Según la nueva regulación del llamado bono social, cuando se trate de familias extremadamente vulnerables sólo se podrá llevar a cabo dicha medida cuando hayan transcurrido cuatro meses sin pagar la factura de la luz y no dos, como ocurre en la actualidad.
El coste resultante será cofinanciado por las eléctricas y los servicios sociales autonómicos y locales correspondientes.
Investigación de la Fiscalía
Mientras, en la Fiscalía de lo Civil del Tribunal Supremo continúa abierto el procedimiento que investiga las causas que originaron las vertiginosas subidas de las pasadas semanas y que han sido objeto de análisis, debate y cierta protesta social.
Según la letrada Alegría Cuevas, de Le Morne Brabant abogados, la fiscalía tiene la potestad de actuar en pos de la protección de ciudadanos y consumidores y usuarios, y para evitar que queden indefensos, según el artículo 11.5 de la Ley de Consumidores y Usuarios.
«Además, esta instancia judicial está llevando a cabo una acción de cesación al considerar que estos precios pudieran ser abusivos. Porque la acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a cesar en la conducta y a prohibir su reiteración futura», aclara Cuevas.
«En el caso de que prosperase, es decir, si la fiscalía encontrase indicios de que la subida de los precios no se debiese a circunstancias excepcionales –la climatología , los recortes del suministro de gas de Argelia o los problemas de abastecimiento de las centrales francesas–, entonces el ministerio público lo hará saber al tribunal correspondiente mediante la interposición de una demanda», señala la letrada.
La abogada añade que de hacerse realidad este escenario, y a tenor de lo recogido en el artículo 8b de la ley de consumidores y usuarios, podríamos encontrarnos con una situación similar a la de las cláusulas suelo, en la que por “La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en particular frente a las prácticas comerciales desleales y la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos” se pudiera reclamar a las centrales eléctricas y otros agentes implicados en el precio del recibo de la luz.
