El Senado ha rechazado este lunes, con los votos del PP y la abstención del PSOE, una moción presentada por Unidos Podemos para fijar como requisito para los funcionarios de la Administración de Justicia el conocimiento oral y escrito de todas las lenguas cooficiales de la demarcación en la que ejerzan.
La representante de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en la Comisión de Justicia del Senado, Celia Cánovas, ha defendido que el texto busca preservar el «derecho a hacer uso del idioma propio» en procesos relativos a la justicia, y que no se «imponga el uso del castellano» de manera «discrecional» por parte de jueces y fiscales.
La senadora de Unidos Podemos ha presentado la moción (que ha contado con 3 votos a favor, 6 abstenciones y 15 votos en contra) con la que se buscaba «defender la tutela judicial efectiva» de los ciudadanos puesto que, según el texto que ha defendido queda más que acreditada la situación de «extrema inferioridad» en cuanto al uso normalizado en tribunales de estas lenguas.
Por su parte, la portavoz del PP, Esther Muñoz de la Iglesia, ha explicado que el derecho a expresarse en cualquiera de las lenguas oficiales «está perfectamente reconocido por la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento» y ha mostrado la negativa de su grupo a aprobar el texto.
Según Muñoz, el conocimiento de lenguas cooficiales por parte de los funcionarios debe considerarse como «mérito», no como «requisito» y ha puntualizado que «nadie está obligado a responder en castellano».
A su vez, ha criticado otro de los puntos de la moción, el que busca establecer que la primera actuación procesal determine el idioma oficial en que se va a desarrollar el proceso judicial, al considerarlo «difuso» y «casi inconstitucional», ya que se traduciría en «una desventaja» para el resto de las partes.
Por el contrario, el portavoz del grupo vasco en la comisión, Jokin Bildarratz, sí que ha mostrado su apoyo a la moción y ha indicado que ésta puede servir para revertir una situación que ha llevado a que el año pasado en el País Vasco se publicaran «tres sentencias en euskera».
Y ha indicado que «No encuentro razones por las que no aprobar esta moción, porque es muy respetuosa con el castellano y las cooficiales» ha sentenciado al final de su intervención.
El grupo socialista se ha abstenido en la votación de la moción de la que han dicho comparten cuatro de sus seis puntos. Su portavoz Antonio Julián Rodríguez, ha recordado el compromiso de su grupo con el bilingüismo y ha defendido «que nadie se pueda sentir discriminado por la lengua que utilice».
Sin embargo, ha mostrado su oposición a dos de los puntos del texto. En primer lugar, el que hace referencia al idioma del procedimiento, ya que considera que «va en contra sentido común» que un procedimiento judicial se tramite «en una lengua minoritaria» porque así lo ha pedido una de las partes durante la fase de instrucción.
Y, en segundo lugar, ha criticado la obligación de que los funcionarios del cuerpo de Justicia tengan la obligación de conocer las lenguas cooficiales a nivel escrito y hablado, y ha coincido con la representante del PP al señalar que su conocimiento es un «mérito» pero no puede ser «una obligación».
