Los servicios jurídicos del Congreso han elaborado un informe que mañana analizará la Mesa del Congreso en el que se rechaza la petición del Senado de suprimir la tramitación de la ley de amnistía en la Cámara Baja.
El Congreso va a rechazar por «improcedente» el conflicto de atribuciones esgrimido por el Senado a cuenta de la ley de amnistía, y es que los servicios jurídicos de la Cámara baja remarcan que no hay cauce para que la Mesa que preside Francina Armengol pueda retirar una ley que ha sido tramitada y aprobada en el Pleno.
Fuentes parlamentarias cercanas a la Mesa han informado de que el documento de los letrados que contesta al requerimiento del Senado niega que la tramitación de la ley de amnistía en el Congreso haya sido errónea y defiende su procedimiento en esa cámara.
Suplantar al Congreso
A su juicio, «bajo la apariencia de la defensa de sus atribuciones, el Senado no puede intentar subvertir las legítimamente ejercidas por el Congreso en el macro del procedimiento legislativo».
Igualmente, avisan de que el planteamiento del conflicto por parte de la Cámara Alta «supondría un artificio para evitar cumplir su obligación constitucional y suplantar al Congreso».
Se apoya en sentencias del Tribunal Constitucional
Apoyándose en sentencias del TC, los servicios jurídicos recalcan que las votaciones que se producen en la Cámara en el marco del procedimiento legislativo «no son objeto idóneo» de un conflicto de atribuciones.
En este sentido, servicios jurídicos subrayan que si el Senado entiende que la usurpación de sus competencias se produjo cuando la Mesa del Congreso admitió a trámite en noviembre la controvertida proposición de ley del PSOE, debió haber presentado entonces ese conflicto, pero ahora ya está «fuera de plazo» porque se han superado «sobradamente» los 30 días que establece la Constitución para recurrir.
En todo caso, los letrados del Congreso se reafirman en su informe inicial de noviembre que avaló la tramitación de la iniciativa legislativa alegando que las dudas de constitucionalidad que pudieran existir no eran tan «palmarias» como para vetarla ignorando el derecho de los parlamentarios a discutirla.
En su opinión, declarar la inconstitucionalidad de una iniciativa no es labor de la Mesa del Congreso ni de su homóloga del Senado, sino del propio Tribunal Constitucional.
Tampoco acepta el argumento del Senado de que debió tratarse como una reforma constitucional porque el TC exige que ese tipo de iniciativas deben contener un articulado alternativo a la Carta Magna, y no había tal.
La Mesa del Congreso votará mañana esta propuesta jurídica a la que los partidos que integran la Mesa pueden hacer alegaciones o aportaciones.
