Félix Bolaños contradice los informes de los letrados del Congreso: «la Ley de Amnistía es constitucional»
Félix Bolaños ha defendido la constitucionalidad de la Ley de Amnistía. Foto: Bárbara Hermida, Confilegal

Félix Bolaños contradice los informes de los letrados del Congreso: «la Ley de Amnistía es constitucional»

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17/1/2024 15:49
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Actualizado: 17/1/2024 15:53
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El ministro de Presidencia, Justicia y Cortes Generales, Félix Bolaños, parece estar dispuesto a defender la Ley de Amnistía en todos los frentes que se le presentan. A pesar de la fuerte polémica que existe, especialmente a nivel judicial, ante este proyecto de normativa.

Esta mañana, tras la reunión del ministro socialista con la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el ministro Bolaños se ha presentado ante los medios de comunicación. En solitario.

«Trabajaremos y colaboraremos para que la Justicia sea un servicio público» asegura brevemente Bolaños sobre su reunión con María Jesús del Barco, presidenta de la APM. Una mujer que, según define el ministro, es «una persona comprometida y preocupada por situaciones como el bloqueo del CGPJ».

Rueda de prensa con los medios en el que el triministro tampoco ha dudado en volver a defender públicamente la Ley de Amnistía.

«Es una ley impecable desde el punto de vista legal»

«Es una ley sólida, impecable y absolutamente conforme con la Constitución», ha asegurado el ministro ante las cámaras. Una idea que ha reiterado poco después, en la misma intervención: «es una ley impecable desde el punto de vista legal y constitucional».

Confianza absoluta del ministro en la Ley de Amnistía que parece estar fundamentada, según el ministro, en los informes realizados por los letrados del Congreso de los Diputados.

«Hay distintos informes», ha destacado Bolaños. Informes que, tal y como apunta el ministro, estarán sobre la mesa para su estudio, pero que señalan la constitucionalidad de la Ley de Amnistía.

«Hay informes de penalistas, de catedráticos del Constitucional… también de letrados del Congreso. De hecho, que yo conozca, hay tres informes de letrados del Congreso. Y todos ellos son respetables, y los vamos a analizar desde el Gobierno. Hace unos días, hubo un informe de estos letrados donde no había ninguna duda sobre la constitucionalidad de la Ley de Amnistía Hay otro informe, de marzo de 2018, de los letrados de la Cámara, en el que decían que la amnistía era una herramienta absolutamente constitucional», ha explicado Bolaños ante los medios.

Los informes contradicen las afirmaciones de Félix Bolaños

Sin embargo, parece que la lectura del triministro del Gobierno con respecto a estos informes no es tan transparente como cabría pensar.

Y es que, a pesar de las palabras de Bolaños, parece que estos informes de los letrados del Congreso hacen valoraciones muy distintas a las defendidas por el también ministro de la Presidencia.

«La Proposición de Ley analizada contempla la concesión de un indulto general. Por lo que cabría entender que incurre en flagrante contradicción con el texto constitucional tanto por el uso inadecuado de la norma como por la generalidad del indulto«, dice la cuarta conclusión del informe de 2018, al que ha tenido acceso Confilegal.

Por ello, considera que «la iniciativa contenida en la presente proposición plantea dudas de que pueda tener cabida en la Constitución. De manera que debiera ser articulada a través del procedimiento de reforma constitucional», asegura este informe.

Unas dudas que también aparecen en el informe más reciente, de 10 de enero de 2024, que también ha obtenido este diario.

Un informe en el que, en su primer párrafo, también se contempla la posible inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. Al menos, en el terreno técnico-jurídico.

«La naturaleza principalmente política de este debate no excluye la perspectiva técnico-jurídica, incluido el examen de su eventual inconstitucionalidad», relata el documento.

Del mismo modo, el documento señala que «la indeterminación de delitos» contemplada en la Ley «puede afectar a la aplicación igualitaria de la Ley«. Una indeterminación que, según los letrados del Congreso, «podría lesionar el principio de seguridad jurídica».

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