El Pleno de la Asamblea de Madrid ha propuesto hoy al ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido y al magistrado Ricardo Enríquez para ocupar dos de las cuatro vacantes para el Tribunal Constitucional, que serán asignadas en última instancia por el Senado.
Los candidatos han salido elegidos con los votos a favor de PP (que propuso a Ricardo Enríquez) y PSOE-M (a Cándido Conde-Pumpido), la abstención de Ciudadanos y el voto en contra de Podemos.
Ricardo Enríquez, magistrado del Tribunal Supremo, ya forma parte del Constitucional desde hace tres años, tras el fallecimiento de Francisco Hernando.
Por su parte, Conde Pumpido, es actualmente magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y ocupó el cargo de general del Estado con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Durante el debate en la Asamblea, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha explicado que su grupo se ha abstenido porque están a favor de una justicia «despolitizada», aunque ha puntualizado que no tienen «nada en contra» de los candidatos propuestos pero sí del proceso, «de cómo han repartido y siguen repartiendo jueces».
El portavoz del PP, Enrique Ossorio, ha animado a Podemos y Ciudadanos a renovar por la vía del Estado de Derecho el procedimiento vigente para renovar miembros del Tribunal Constitucional si no están de acuerdo con él, «no pueden hacer dejación de sus competencias, de sus obligaciones», ha subrayado.
Desde Podemos, su portavoz, Lorena Ruiz-Huerta, ha insitido en que «No vamos a participar en este mercadeo» y ha lamentado que sólo se hayan propuesto hombres en lo que ha calificado como un «pacto precocinado de la gran coalición de intereses» que representan, en su opinión, el PP y el PSOE.
El portavoz adjunto del PSOE-M, José Manuel Franco, ha sostenido que con la votación de hoy están haciendo «simplemente una propuesta» para renovar miembros del Tribunal Constitucional.
«Prefiero que lo elijan los representantes de los ciudadanos y que no se elija de modo corporativo», ha declarado.
Este viernes se cumple el plazo para que los parlamentos autonómicos terminen de enviar sus propuestas de candidatos a renovar el Tribunal Constitucional, cuatro magistrados que serán designados por el Senado y sobre los que el PP y el PSOE han llegado a un principio de acuerdo.
Además de a Enríquez, la renovación del Constitucional afecta a su presidente, Francisco Pérez de los Cobos; a la vicepresidenta, Adela Asúa; y a un cuarto puesto pendiente, el de la vacante que dejó el fallecido Luis Ignacio Ortega.
ANDALUCÍA, VALENCIA, NAVARRA, BALEARES Y GALICIA YA TIENEN CANDIDATOS
El Parlamento de Andalucía ha propuesto que la catedrática María Luisa Balaguer y el magistrado Ricardo Enríquez sean los candidatos por la comunidad autónoma para cubrir las vacantes que existen en el Tribunal Constitucional.
El parlamento valenciano elegía, al comienzo el miércoles, unas horas antes de recibir este e-mail, a dos candidatas para el TC. Se trata de la magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) Alicia Millán y de la fiscal y portavoz de la Fiscalía de Valencia, Susana Gisbert. La primera, a propuesta del PSPV y Compromís y la segunda, a propuesta de Podemos.
Mientas que los candidatos propuestos por el PP no salieron adelante aunque se trataba de los candidatos oficiales de los populares, según las fuentes consultadas: el Doctor en Derecho Laboral y catedrático Alfredo Montoya y del ya magistrado del Tribunal Constitucional desde 2014 Ricardo Enríquez.
Pero con anterioridad, otros parlamentos ya habían aprobado y enviado sus propuestas al Senado. En el caso del Parlamento gallego, donde el PP tiene mayoría absoluta, la aprobación se produjo a finales de diciembre y salieron elegidos el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Sieira Míguez, propuesto por los populares y la magistrada adscrita a la Sala de lo Social del TSX de Galicia Teresa Conde-Pumpido, propuesta por el PSdeG.
También el Parlamento balear y el navarro han enviado ya sus candidatos. En el primer caso, salió elegido el catedrático de Derecho Constitucional Oliver Araújo a propuesta del Partido Socialista de las Islas Baleares. Mientras que en el caso del Parlamento navarro, la propuesta fue llevada a la Cámara por UPN. Se trata de Manuel Pulido, un letrado del Parlamento foral.
El resto de los parlamentos autonómicos, que tienen de plazo hasta el 10 de febrero, para entregar sus candidaturas, aunque este plazo ya se ha alargado en dos ocasiones.
