La llegada de José Manuel Maza a la Fiscalía General del Estado se está haciendo sentir, desde el punto de vista comunicativo. Donde antes no había más que silencio ahora hay respuestas rápidas, hay grupos de Whatsapps y hay comunicados oficiales. Y no es sólo el magistrado del Tribunal Supremo convertido en jefe de los fiscales, es el aparato de la Fiscalía.
Un ejemplo claro lo hemos tenido hoy, cuando el diario El Mundo publicó la noticia de que la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Logroño había archivado, a finales del pasado año, una causa en la que se investigaba las presuntas irregularidades urbanísticas cometidas por el actual vicepresidente de La Rioja, Pedro María Sanz Alonso, en la construcción de un chalet de su propiedad en la localidad de Villamediana de Iregua.
Un archivo que se produjo porque «el fiscal no vio indicios de delito».
«El procedimiento había sido abierto en noviembre en relación con la aprobación, en 2013, del Plan General de Ordenación Urbana de la localidad Villamediana de Iregua, donde se legalizó la construcción de 69 viviendas en suelo no urbanizable. Entre ellas estaba la de Sanz, que pasó de ser una casa de aperos a un chalet de dos plantas», publicó el periódico.
La comunicación de la Fiscalía General del Estado (FGE) fue contundente: «Ante la noticia publicada en la edición de hoy del diario El Mundo en relación a supuestas órdenes dadas a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de La Rioja, la Fiscalía General del Estado debe poner de manifiesto la rotunda falsedad de tal información, no habiéndose emitido orden alguna respecto a causas abiertas a Pedro María Sanz Alonso, en la actualidad Vicepresidente Primero del Senado».
Conciencia forense
Esto, en otros tiempos, habría sido impensable. Se habría dejado correr bajo la idea de que mucho de lo que se publica no es verdad ni tiene relevancia. Y no es cierto.
Comienza a existir, de una forma definida en la FGE, lo que en criminología se denomina «conciencia forense» en materia de comunicación.
A la Fiscalía le importa lo que los medios publican porque conforman la opinión pública. Y a tenor de esta nueva política proactiva impulsada por Maza, el viejo dicho de que «el que calla otorga» aquí ha dejado de funcionar.
De la misma manera, el fiscal general del Estado ha dejado claro que la decisión de no investigar al presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en relación con la trama «Púnica», se basó en los criterios establecidos previamente por 6 fiscales jefe que fueron consultados por Maza: 2 fiscales de Sala de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado y 4 fiscales de Sala del Tribunal Supremo.
En el caso de Sánchez, Anticorrupción, según explicó el fiscal general, le consultó antes sobre la emisión de su informe, cumpliendo el artículo 25 del Estatuto Fiscal, que obliga a los miembros de la Carrera a poner en su conocimiento «hechos relativos a su misión que por su importancia o trascendencia deba conocer». De ahí la ronda de consultas con los 6 fiscales jefes.
