La cosa sucedió por la mañana, durante la vista del artículo de previo pronunciamiento, celebrada para estudiar las alegaciones contra la competencia de la Audiencia Nacional. Tuvo lugar en una de las salas de vistas subterráneas que tiene la Audiencia Nacional debajo del parque de la Plaza de la Villa de París, en Madrid.
Intervenía el fiscal de ese órgano judicial, Pedro Rubira, que defendía la competencia de la Audiencia Nacional para enjuiciar al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, al exsecretario genial de la Consejería de Interior de Cataluña, César Puig, al exdirector de los Mossos, Pere Soler, y a la intendente de la policía catalana, Teresa Laplana.
Durante su discurso ante el tribunal, Rubira recordó las palabras del desaparecido fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en la querella que dio origen al procedimiento en la que el entonces máximo jefe de la Fiscalía se preguntaba «¿Puede haber imparcialidad, serenidad, si se manda la rebelión y la sedición a Cataluña?».
Y como Maza, justificó la competencia de la Audiencia Nacional porque «en este caso se observa la conveniencia de preservar la necesaria serenidad en el enjuiciamiento de unas conductas que están generando un sentimiento de fractura social que no se puede desconocer».
Pocos minutos después, los medios, que estuvieron presentes en la vista pública, comenzaron a escupir sus titulares.
«El fiscal Rubira cuestiona la ‘imparcialidad’ de los tribunales catalanes para juzgar a Trapero», decía uno, «Fiscal cuestiona imparcialidad de tribunales catalanes para juzgar a Trapero», decía otro, «El fiscal duda que el procés pueda juzgarse en Cataluña con «parcialidad y serenidad», titulaba un tercero.
Para la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el efecto fue similar al de la aparición de un tsunami sin previo aviso.
«Para nada la intención de Rubira había sido esa, la de poner en tela de juicio la imparcialidad de los jueces destinados en Cataluña», explicaron a Confilegal fuentes de la Fiscalía.
El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, trató de salvar los muebles con una nota «aclaratoria» a principios de la tarde.
«La Fiscalía de la Audiencia Nacional, tras la celebración de la vista que ha tenido lugar hoy, quiere aclarar respecto de las manifestaciones realizadas por el representante del Ministerio Público, que en ningún caso se duda de la profesionalidad de los magistrados que ejercen sus funciones en Cataluña, y en el resto del territorio nacional, quienes con su desempeño diario garantizan el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y la aplicación de las normas de nuestro ordenamiento jurídico», explicó Carballo blanco sobre negro.
Y explicó que Rubira se había referido a la querella de Maza donde «se expresaba ‘en el presente caso también se observa la conveniencia de preservar la necesaria serenidad en el enjuiciamiento de unas conductas que están generando un sentimiento de fractura social que no se puede desconocer'».
En ella hacía mención al ambiente de crispación que existía en la sociedad catalana generada en torno a la celebración del referéndum del 1 de octubre.
«La Fiscalía reitera su confianza en la independencia de jueces y tribunales en Cataluña, así como la imparcialidad de cada juez en cada caso que se somete a su jurisdicción«, finalizaba Carballo.
Con ello se esperaba apagar «el incendio»
Sin embargo, no fue suficiente.
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat), sin su presidente –Javier Barrientos– al frente, no dejó estar las cosas.
Y respondió, con otro comunicado, tachando de «gravísima irresponsabilidad» que Rubira dudara de la imparcialidad de los jueces destinados en Cataluña si la causa por la supuesta rebelión y sedición contra los exjefes de los Mossos se enviara al TSJCat.
Los ánimos en la Sala de Gobierno del TSJCat estaban caldeados y muy crispados después de la operación de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR), la «kale borroka» independentista catalana, llenara, la madrugada del lunes, de excrementos y de basura las puertas de 21 sedes judiciales de Cataluña como protesta por el traslado a Madrid de los 9 exdirigentes políticos que van a ser juzgados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a partir del 12 de febrero próximo.
Dos días antes, el sábado, Arran, las juventudes de la CUP, arrojaron pintura roja y amarilla contra la puerta principal de acceso de la Fiscalía Superior de Cataluña, en Barcelona.
De ahí la dureza del máximo órgano gubernativo judicial de Cataluña.
«Las afirmaciones realizadas por el fiscal Sr. Rubira suponen un ataque muy grave y sin justificación alguna al Poder Judicial en su conjunto y, con ello, al propio sistema constitucional», decía el comunicado de dicha Sala de Gobierno.
«Resulta del todo insólito, y muy preocupante, que pueda utilizarse un juicio de intenciones carente del mínimo sentido normativo y fáctico en apoyo de una pretensión procesal. El Ministerio Fiscal por el rol que ocupa en el proceso y por la alta función que la Constitución le encomienda, no puede ceder a la demagogia, a la banalidad o a la ofensa para la defensa de los intereses públicos que representa«, añadía.
De esa forma, volvieron a marcar su territorio, como lo habían hecho horas antes recriminando a la consejera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, por no haber condenado el ataque con excrementos, por una parte, trasladando a la Fiscalía el asunto para que depure las responsabilidades penales a que haya lugar, por otra parte, y ordenando a los Mossos d’Esquadra que protejan todas las sedes judiciales.
Fue un día en el que la Sala de Gobierno del TSJCat dejó muy claro «urbi et orbi» que la autoridad judicial eran ellos y que no iban a dejar pasar ni una ni a tirios, aunque fueran compañeros fiscales, ni a troyanos, la consejera de Justicia.
La sangre finalmente no llegó al río.
Desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional captaron el mensaje «alto y claro», y pasaron página, teniendo muy presente que no podría volverse a repetir un desliz como ese.
