La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha recriminado a la consejera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, que no haya condenado los ataques contra 21 sedes judiciales de la Comunidad Autónoma, llevadas a cabo la madrugada del lunes por los llamados Comités de Defensa de la República, o CDRs, con excrementos y basura con el fin de impedir el acceso a su interior.
El órgano gubernativo máximo de la Justicia en Cataluña, que está presidido por Jesús Barrientos y compuesto por 14 magistrados y un secretario de Gobierno, lamenta «la falta de condena de estos hechos por parte de la Consellera de Justicia, como responsable de las condiciones laborales de los funcionarios judiciales, cuya salud se pone en riesgo con estas acciones, y de los medios materiales que se malgastan en actuaciones de limpieza», afirma en un comunicado hecho público hoy.
Los Juzgados afectados fueron los de Vic, Mataró, Esplugues de Llobregat, Granollers, Mollet del Vallès, Gavà, Martorell, Berga, Manresa, Cerdanyola del Vallès, Rubí, Vilafranca del Penedès (Barcelona), Figueres, Olot, Sant Feliu de Guíxols, Ripoll, Girona, Santa Coloma de Farners (Girona), Solsona (Lleida), Tortosa (Tarragona) y en el Palacio de Justicia de Vinaròs (Castellón).
La Sala de Gobierno, asimismo, ha acordado dirigirse al Ministerio Fiscal para que depure «las responsabilidades penales que pudieran derivarse que de quienes haya ideado, planeado, coordinado y ejecutado estos ataques a la sedes judiciales».
Y reclama a la policía catalana, los Mossos d’Esquadra, que protejan, de forma presencial y permanente, «todas las sedes judiciales», dando cuenta al presidente del TSJCat, Jesús Barrientos, «de las medidas concretas acordadas».
El comunicado también está dirigido a los presidentes de las cuatro Audiencias Provinciales -Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona- y a los jueces decanos de los juzgados de toda la autonomía para que «valoren la necesidad de suspender las actividades judiciales, excepto las actuaciones urgentes y de guardia, cuando por razones de salubridad no se pueda garantizar el normal acceso a las instalaciones».
LA MINISTRA DELGADO TAMBIÉN HA INSTADO A LA CONSEJERA CAPELLA A QUE TOME MEDIDAS
Por otra parte, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha pedido a Capella que adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los profesionales que trabajan en dicha comunidad autónoma, tras el último ataque de los CDR a las sedes judiciales catalanas.
Según Delgado, le ha dicho a Capella «que adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los profesionales que allí trabajan».
El Ministerio volvió a condenar los ataques de los CDR contra los juzgados catalanes y expresó su solidaridad con los jueces y fiscales de ese territorio.
«Nuestro firme apoyo a los jueces y fiscales que cada día imparten en esta comunidad una Justicia profesional e independiente», señaló Justicia en la misma red social, en la noche del pasado lunes, sumándose así a las muestras de solidaridad enviadas también desde la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) de Cataluña.
«He trasladado todo mi apoyo al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y le he ofrecido la colaboración del Ministerio de Justicia para asegurar el desarrollo normal de trabajo de los profesionales de la Administración de Justicia en Cataluña», dijo la ministra.
Tanto el ataque con pintura del pasado sábado por la noche, contra la sede de la Fiscalía Superior de Cataluña, como los realizados con excrementos y basura contra las sedes judiciales se enmarcan dentro de una estrategia de aumento de tensión de los separatistas por el inminente inicio del juicio contra el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras -de ERC, como Capella-, 9 exconsejeros, la expresidenta del parlamento autonómico, Carme Forcadell, el exlíder de Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que comenzará el próximo 12 de febrero en el Tribunal Supremo.
