La consejera de Justicia de Cataluña, Ester Capella (ERC), ha pedido hoy que la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) requieran información al Tribunal Supremo (TS) por su advertencia a las cárceles catalanas de que si excarcelan a los presos del ‘procés’ por el coronavirus pueden prevaricar.
«Estoy esperando a que la Fiscalía pida información con relación a este hecho inaudito por parte del TS. Espero que el presidente del CGPJ haga exactamente igual», ha señalado hoy Capella en una entrevista en Catalunya Ràdio.
El Supremo hizo esa advertencia después de que Capella dijera el pasado 31 de marzo, por la mañana, en esa radio pública catalana que las juntas de tratamiento de las cárceles iban a estudiar ese día si la situación de emergencia por el Covid-19 permite que más presos pasen el confinamiento en su casa, entre ellos a los que se les aplica el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, eso es los del ‘procés’.
En una entrevista en Catalunya Ràdio Capella explicó que desde ese día se estudiará que estos presos abandonen las cárceles y se vayan a su casa mientras dure la crisis sanitaria, aludiendo a que en esta situación hay que tomar medidas «excepcionales».
Ante esto, el Alto Tribunal informó de las posibles consecuencias de tomar decisiones sin fundamento jurídico y al margen de la legalidad.
Este fue su mensaje: «En el caso de que la Junta de Tratamiento de las cárceles donde se encuentran los presos de la causa del procès acuerde su excarcelación para cumplir el confinamiento en sus respectivos domicilios, el Tribunal Supremo se dirigirá a cada de esas juntas de régimen general y al director/directora de los centros respectivos para que a la mayor brevedad expliquen el fundamento jurídico que justifica esa decisión e identifiquen de forma nominal a los funcionarios que han apoyado ese acuerdo. Ello se enmarcaría en la exigencia de responsabilidades penales por la posible comisión de un delito de prevaricación».
Ahora Capella pretende que la Fiscalía y el CGPJ le pidan información por la nota emitida.
La consejera catalana también ha dicho hoy que es «inaudito que, sin tener una resolución delante»el Supremo «envíe un mensaje de Whatsapp a periodistas, de forma muy clara y determinada dirigido a los funcionarios» avisando de posibles responsabilidades penales si tomaban esa decisión, que ayer descartaron.
El Supremo informa de sus decisiones o comunicados por varios canales, entre ellos el correo electrónico y los grupos de WhatsApp de periodistas, como hacen muchas instituciones, grupos parlamentarios, y gobiernos autonómicos, etc.
Preguntada Capella sobre si la advertencia del Supremo ha influido en la decisión de los funcionarios, ha contestado: «No sé qué hubiera pasado si este Whatsapp no hubiera existido. Dejemos a los trabajadores públicos hacer su trabajo, intentemos aislarlos de estas coacciones».
Capella opina que el Supremo ha «coaccionado» a los funcionarios que conforman las Juntas de Tratamiento.
Ayer, las prisiones de Lledoners (Barcelona), Mas d’Enric (Tarragona) y Puig de les Basses (Gerona), donde cumplen condena los presos del ‘procés’, descartaron que sus internos en segundo grado y a los que se ha aplicado el 100.2 pudieran pasar todas las noches en sus casas durante el confinamiento, igual que hicieron la mayoría de prisiones catalanas excepto dos.
Wad-Ras ha aplicado la medida a cuatro internas y ‘Quatre Camins’ a 11, a la espera de la aprobación del juez de vigilancia penitenciaria.
La consejera catalana cree que, al tomar esta decisión, las juntas de tratamiento «han ponderado todas las posibilidades», y que han optado por preservar, una vez termine el confinamiento, lo que ya acordaron: que los presos del ‘procés’ se sigan beneficiando de la aplicación del 100.2.
Capella opina que los funcionarios de prisiones han interpretado correctamente el reglamento en su decisión, «pero de forma más estricta».
La consejera catalana de Justicia también ha dicho que «las juntas de tratamiento no dependen del ‘Govern'» y que»están formadas por funcionarios públicos, por personas altamente cualificadas que deben poder actuar con serenidad y criterios objetivos».
El pasado 18 de febrero, Manos Limpias denunció a Capella ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por supuestos delitos de prevaricación y fraude de ley, por «favorecer» a los presos del ‘procés’.
Esta asociación que preside Miguel Bernad considera que Capella está preparando la salida de los presos del ‘procés’ en el régimen de semilibertad aplicando “torticeramente” el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario para “darle un encaje a la carta” a los líderes independentistas.
Entonces a 5 de los 9 condenados a prisión por el ‘procés’ se les había aplicado dicho artículo que permite flexibilizar el régimen penitenciario, si bien mantiene la clasificación de segundo grado, el ordinario.
La consejera de Justicia catalana había señalado por aquellas fechas que era “previsible” que las cárceles aplicaran esta medida a los 9 condenados.
Y así ocurrió.
