La consejera de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Ester Capella, ha pedido al Gobierno que la mediación extrajudicial sea obligatoria, antes de acudir al juzgado, en determinados casos, como asuntos vinculados a derecho de familia como custodia de menores o pensiones en situaciones de separación o divorcio, así como conflictos relacionados con la vivienda como los desahucios.
Para la titular del departamento de Justicia de la Generalitat, esta medida «para tratar de evitar que los asuntos lleguen a los juzgados», no supone «que no se dé respuesta a todas las necesidades», tan solo que «los juzgados deben ser la última opción».
En un mensaje difundido a través de su perfil de ‘Twitter’ y compartido en la cuenta de la Consejería de Justicia, Capella afirma que el Real Decreto-ley de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al COVID-19 en la Administración de Justicia aprobado ayer por el Consejo de Ministros, «debería incluir de forma obligatoria el intento de mediación extrajudicial» y, así, «no celebrar juicios sin haber intentado antes una mediación».
Defiende que es «la mejor medida para descongestionar los juzgados y evitar el colapso judicial».
Además, ha apuntado que la mediación «resuelve conflictos de manera eficaz y eficientes en un máximo de seis sesiones en un máximo de 60 días«. En este sentido, ha agregado que esta vía extrajudicial tiene «menos costes emocionales y económicos».
Esta medida, a su juicio, supone acuerdos más satisfactorios, evita recursos y es más rápida, ya que el proceso judicial «es lento y cuesta más dinero a los afectados».
No incluir la mediación extrajudicial obligatoria se trata, en su opinión, de «una oportunidad perdida de buscar soluciones a la judicialización de las diferencias».
