El Tribunal de Cuentas refuerza la colaboración con la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, la de las Islas Baleares y el Consejo de Cuentas de Castilla y León para la fiscalización del sector público local.
Con ese propósito se ha firmado una adenda que amplía el alcance de los convenios suscritos por el Tribunal de Cuentas con cada uno de los citados órganos de control externo autonómicos, «estableciendo nuevas medidas de coordinación para la remisión de la información relativa a los extractos de expedientes de contratación y a los convenios formalizados por las entidades locales, y, con ello, para el control de dicha documentación», según indican en nota de prensa desde el Tribunal de Cuentas.
A la firma han acudido el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, junto con el síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, Avelino Viejo, el síndico mayor de Baleares, Joan Rosselló Villalonga, y el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Jesús Jaime Encabo Terry.
La coordinación del Tribunal de Cuentas con los mencionados órganos de control en la fiscalización del Sector público local se inició en 2007, con convenios para implantar la rendición telemática de las cuentas generales de las entidades locales.
En virtud de dichos convenios, la presentación de las cuentas por las referidas entidades locales a través de las correspondientes aplicaciones informáticas ubicadas en la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales, en un único acto y bajo un mismo formato, en los términos que se convenía, producía efecto de cumplimiento ante el Tribunal de Cuentas y el correspondiente OCEX. Este modelo se extendió, por los mencionados Convenios firmados en 2011 y 2013, a la presentación por aquellas de las relaciones anuales de contratos.
Tras la firma de estas adendas «la colaboración se refuerza y adquiere mayor dimensión, ampliándose, igualmente, a la remisión de los extractos de expedientes de contratación que formalicen y a los convenios que celebren las entidades locales de dichas comunidades autónomas en el marco establecido por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público».
De este modo, la Plataforma de Rendición de Cuentas «se fortalece como herramienta única para el cumplimiento de tales obligaciones legales por las mencionadas entidades locales, estableciéndose para ello un procedimiento común y compartiéndose por las citadas Instituciones la información recibida, lo que repercute muy favorablemente en la eficiencia de sus actuaciones y facilita la identificación de áreas de riesgo y la selección de muestras para sus fiscalizaciones».
Asimismo, «contribuye a la simplificación del cumplimiento de sus obligaciones por las entidades locales, al homogeneizarse los contenidos de la información y los procedimientos de envío», apuntan desde el Tribunal de Cuentas, concluyendo que «esta firma se enmarca en el conjunto de actuaciones encaminadas a fomentar la coordinación y la colaboración entre las Instituciones fiscalizadoras y que, sin duda, fomenta un ejercicio más eficiente de las funciones que tienen encomendadas, potencian el enriquecimiento recíproco y favorecen la maximización de los resultados del control a nivel global».
