La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ), reacciona ante el comunicado remitido en el tarde ayer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en relación con las diligencias informativas abiertas al magistrado Manuel Ruiz de Lara, y subraya que «las manifestaciones del Consejo obedecen a una interpretación sesgada de los hechos que no se ajusta a la realidad».
El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, remitió este lunes una carta a las asociaciones judiciales que habían pedido explicaciones sobre la acción disciplinaria incoada por su promotor, Antonio Jesús Fonseca-Herrero.
En concreto, todas las asociaciones judiciales y más de 80 jueces decanos mostraban su preocupación ante la «noticia relativa a la tramitación por el Consejo General del Poder Judicial de unas diligencias informativas que se han mantenido en secreto durante más de un año en las que podrían no haberse respetado garantías constitucionales fundamentales del juez investigado, como los derechos de audiencia y defensa, lo que ha hecho surgir la duda acerca de la posible existencia de otros expedientes tramitados en similares condiciones».
En esa carta, y en la nota pública del CGPJ, el promotor de la acción disciplinaria aseguraba que, al contrario de lo publicado, la investigación al juez no se inició en 2015, sino el 29 de julio de 2016, cuando se abrieron diligencias informativas que pudieran justificar la apertura de un expediente por posible vulneración de las normas sobre compatibilidad.
Sin embargo, desde la Plataforma insisten en que «la nota de prensa del CGPJ omite que existe un informe de 22 de Mayo de 2015, que se realiza sin cobertura de procedimiento alguno y cuyos datos se utilizan después para el interrogatorio del Señor Ruiz De Lara y se incorporan a las diligencias informativas abiertas en 2016″.
En este sentido, subrayan que «El Promotor incurre en una contradicción dado que afirma que el informe de 22 de Mayo no tiene nada que ver con las Diligencias informativas de Julio de 2016, y sin embargo interroga en base a dicho informe de 22 de Mayo de 2015 al Señor Ruiz De Lara».
Ademas, pese a manifestara que en ningún momento se han cuestionado las actividades de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ), «durante el interrogatorio practicado al magistrado Ruiz De Lara el 24 de Febrero de 2017 se le pregunta durante 8 minutos, por las actividades de la Plataforma, se le interroga sobre quién hace los informes de nombramientos del CGPJ y cómo se aprueban los mismos».
ABUSO DE LAS DILIGENCIAS INFORMATIVAS
Desde Julio de 2016, fecha de apertura oficial de las Diligencias Informativas a Febrero de 2017 han transcurrido más de seis meses, cuando el plazo para instruir delitos según el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es de seis meses y el plazo para tramitar un expediente disciplinario a jueces y magistrados es, según el artículo 425 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, también de seis meses.
La Plataforma concluye su comunicado asegurando que «el Promotor de la Acción Disciplinaria utiliza fraudulentamente el trámite de diligencias informativas que carece de regulación legal y reglamentaria para realizar investigaciones y mantener una “Auténtica instrucción” disciplinaria sin límite de tiempo, con duración superior a lo previsto en la ley incluso para instruir delitos».
Por todo ello, y según su comunicado, «la Plataforma ejercitará las acciones pertinentes ante instancias nacionales e internacionales».
