Un juzgado de Sevilla ha condenado a un empleada de hogar a 6 meses de prisión por robar 18.000 euros, todos los ahorros de su vida, al matrimonio de ancianos de 80 años de edad al que asistía. Para su condena, el Juzgado ha tenido en cuenta circunstancia agravante de abuso de confianza.
La mujer, de 50 años, llevaba más de un año trabajando en la casa de aquellos hasta que un día, sabiendo dónde guardaban los ahorros y se apoderó de ellos. Posteriormente fue descubierto el robo y la mujer reconoció el mismo ante la policía. Aunque no se sabe el destino dado por la condenada al dinero.
En el momento de ser descubierta, la ahora condenada devolvió 2.500 euros y se comprometió a entregar a los ancianos la diferencia hasta los 18.000 euros. Sin embargo, hasta la fecha no lo ha hecho. En caso de no hacerlo el Juzgado de lo Penal de Sevilla puede acordar el ingreso en prisión.
En un comunicado de Osuna Abogados, se argumenta que «Ese dinero robado es fruto de todos sus ahorros a lo largo de una vida trabajando para llevar una ancianidad holgada y sin problemas económicos y se ven con esta adversidad», lo que por otro lado, suele repercutir «en la salud de los ancianos, al menos en el plano psíquico».
En este caso, el juzgado ha tenido en cuenta a la hora de imponer la pena «la confianza de los ancianos en la empleada de hogar y el uso malicioso de la misma para delinquir». En este sentido también se ha estimado «la cantidad sustraída, que es importante, sobre todo para personas de economía modesta que han tenido que conseguir tal ahorro por el transcurso de muchos años», señalan desde Osuna Abogados.
La normativa penal permite que a los «delincuentes primarios«, es decir sin antecedentes penales, se les aplique el beneficio de la suspensión de la condena, en virtud del cual no entran en prisión, si bien lo condiciona a que no cometan un delito en un espacio de tiempo .
Si en este periodo de prueba delinquen, tienen que cumplir la primera condena, (esos seis meses, en este caso) y además la pena por el nuevo delito. También pueden ingresar en prisión si no pagan las responsabilidades civiles, es decir los 18.000 €, aunque no tengan antecedentes penales.
Desde el bufete Osuna subrayan que estos hechos «lamentables» son más frecuentes de lo que pensamos. «Estas personas de la tercera edad son muy vulnerables y esta debilidad es aprovechada por este tipo de delincuentes».
