María Dolores Lozano, presidenta de AEAFA: urge desarrollar una jurisdicción de derecho de familia
La presidenta de AEAFA, María Dolores Lozano

María Dolores Lozano, presidenta de AEAFA: urge desarrollar una jurisdicción de derecho de familia

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06/3/2017 05:59
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Actualizado: 09/3/2022 14:49
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La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) ha reunido estos días en Madrid a quinientos expertos en derecho familia, entre jueces, fiscales y abogados. Un encuentro en el que su presidenta, María Dolores Lozano, pidió a los poderes públicos que se desarrolle una jurisdicción de derecho de familia, similar a la que ya existe en mercantil en nuestro país.

Tras un año en el cargo, la junta que preside Lozano, reclama una reforma integral de lo que se entiende por derecho de familia y del sistema de justicia actual que existe para encarar dichos asuntos.

“Hablamos de una materia transversal, no solo de separaciones y divorcios sino que tiene influencia con otras ramas del derecho por tratarse de una disciplina que se centra en las personas. Es el momento que esa reforma, impulse órganos especializados en todos los lugares de España”.

En este sentido Lozano recuerda que en primera instancia estos asuntos de familia suponen el 30 por ciento del total, si hacemos caso a las estadísticas del CGPJ.

Para la presidenta de AEAFA hay dos cuestiones que han impedido hasta el momento que esa jurisdicción de familia estuviera ya operativa, como reclaman todos los operadores jurídicos “el primer factor es el económico. Creo que lo que hay que hacer es gestionarlo y focalizarlo adecuadamente en el destino que se necesita. Otra cuestión es la voluntad política, quizás ahora esta cuestión no se considera importante, pese al papel clave de la familia en estos años de crisis económica en nuestro país. Los políticos tienen que darse cuenta que la familia es el motor de cualquier sociedad. Soportan una carga personal y económica que realmente no asume el Estado”, aclara.

Parece que el derecho de familia le cuesta venderse a los poderes públicos, pero cuestiones como la maternidad subrogada y su regulación han tenido su atención en seguida…

Esta es una actividad que tiene un componente ético importante, como otras cuestiones del Derecho. Aquí lo que se pide es lo que la sociedad está demandando respecto a lo que una parte de esta sociedad está llevando a cabo frente a una normativa actual que prohíbe el llamado vientre de alquiler. A este respecto nuestro transfondo religioso, pese a que seamos un estado aconfesional ha influido mucho en dicha prohibición.

Podemos cerrar los ojos a esta realidad pero anualmente llegan mil niños de países como Méjico, Estados Unidos o Ucrania con padres españoles que han nacido por esta técnica y no podemos dejarles en un limbo legal. Junto a ello el fallo del Tribunal Europeo de Derecho Humanos (TEDH) de 2013 deja claro que estos niños tienen sus derechos deben ser inscritos en sus respectivos registros civiles de su país.

Otra cuestión que influye en esta cuestión es que la adopción internacional se ha puesto imposible a nivel burocrático…

Como bien usted señala, en la adopción internacional ha habido un descenso significativo de peticiones por diversas circunstancias. Una de ellas, es el acceso a la maternidad subrogada de la que estamos hablando. Supone con un gasto similar poder tener esa pareja el hijo que desea.

Muchos de esos países que eran fuentes de adopción han recrudecido las condiciones para acceder a ellos. En el caso de Rusia y otros países de la extinta de la Union Soviética prohíben la adopción a parejas homosexuales y personas solteras tras una reforma reciente.

¿Qué reflexión puede hacernos tras haber concluido este 24 Encuentro de la AEAFA, donde hemos visto a jueces, fiscales y abogados conversar sobre los principales temas de interés?

En primer lugar, estamos muy satisfechos del poder de convocatoria del evento. Hemos alcanzado los quinientos inscritos con un perfil muy multidisciplinar del asistente. Creo que supone un espaldarazo para todos los que configuramos AEAFA desde su fundación, una entidad que con 1800 socios activos ha seguido creciendo a nivel nacional.

Después de lo escuchando en todas las mesas de debate, otra conclusión tiene que ir unida a nuestra reivindicación histórica sobre la necesidad de que se ponga en marcha en nuestro país una jurisdicción de familia.

Estas jornadas fueron inauguradas por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que aparece en la imagen junto a la presidenta de AEAFA, María Dolores Lozano.

¿Cómo han visto a los Ministerios de Justicia y Sanidad y Seguridad Social que han estado presentes en este encuentro?

Creo que su predisposición es buena. Ahora lo importante es concretar y desarrollar diferentes encuentros con cada uno de ellos. A este respecto, no descartamos proponer a Justicia y Sanidad y Servicio Sociales la creación de una Mesa de Trabajo común para abordar esta cuestión que creemos que es ineludible hoy por hoy en nuestra estructura jurídica.

Queremos que se nos escuche, además, en todos aquellos proyectos legislativos que tengan que ver con la familia y su entorno como técnicos que somos. En alguna ocasión hemos visto a magistrados que no tienen los conocimientos suficientes para abordar los asuntos de familia.

Usted en su intervención en el acto de apertura de este Encuentro fue muy crítica, habló de carencias estructurales graves en materia de familia…

Cuando me refería a ello tenia in mente el concepto de especialización. Si uno tiene una enfermedad concreta va a su especialista. Lo mismo pasa con el Derecho. El penalista es una cosa, como lo es el civilista o el abogado especializado en derecho de familia. En un contexto como el que vivimos un abogado que sepa de todo no es posible ni es creíble.

Se trata de dotar de seguridad jurídica al ciudadano. Ya se sabe que en Derecho dos y dos no son cuatro. Cada caso es muy específico y el juez debe estudiar a fondo todos los elementos que rodean a ese asunto. Necesitamos jueces que hagan ese estudio con conocimiento y criterio, que conozca la jurisprudencia del Supremo; del Constitucional. En estas situaciones hay sentimientos, afectos y menores. Y los menores deben estar protegidos.

Magistrados como Pascual Ortuño, ahora en la Audiencia Provincial de Barcelona, insisten en la necesidad de una ley que ayude a ejecutar las sentencias de esta práctica de familia…

Estoy totalmente de acuerdo con él. Este es uno de los problemas que tenemos por la falta de especialización que antes le citaba. Un proceso de familia no acaba con la sentencia. La sentencia es el primer asalto. Luego debe cumplirse. Y una de las cuestiones que da más trabajo a los juzgados son las ejecuciones de dichos fallos.

El proceso de ejecución, tal y como está contemplado en la Ley de Enjuiciamiento Civil es el general, pero realmente no nos sirve en los asuntos de familia. Si un menor se niega a ir con su padre no podemos acudir a este proceso, hay que buscar fórmulas de negociación o coordinación de parentalidad o el apoyo de equipos psicosociales que no están contempladas en dicha ejecución.

“Un proceso de familia no acaba con la sentencia. La sentencia es el primer asalto. Luego debe cumplirse. Y una de las cuestiones que da más trabajo a los juzgados son las ejecuciones de dichos fallos”.

Entonces es necesaria dicha normativa…

Por supuesto, se trata de una reforma integral del Código Civil y de la propia Ley de Enjuiciamiento civil para establecer normas específicas en procesos de familia que abarquen separaciones, divorcios, medidas paterno filiales, apoyo a la discapacidad, administración de los bienes de los menores, tutelas, declaraciones de régimen económico matrimonial, sucesiones.. etc Todo ello configuraría la especialización en el llamado derecho de familia.

En este evento se han reunido muchos abogados, ¿le consta que son buenos abogados y que se forman convenientemente?

Estoy convencida de que quien se dedica a derecho de familia tiene claro que debe estudiar y actualizar sus conocimientos de forma frecuente. Desde AEAFA impulsamos muchas actividades de formación contínua y ser socio nuestro implica que tenga una experiencia acumulada y que quiera seguir en esta práctica. Desde nuestra página web y nuestra revista bimestral estamos en contacto con nuestros profesionales y expertos en derecho de familia.

A lo largo del año organizamos cerca de quince jornadas como ésta que acaba de concluir en Madrid, en otros lugares del país. En todas ellas hemos logrado que el diálogo entre abogados y jueces y fiscales se haya normalizado. Ya lo ha visto que en este 24 Encuentro hemos tenido a diferentes magistrados del Supremo y Constitucional que han explicado diferentes cuestiones de interés para todos.

Otra cuestión que se debatió, en este caso con magistrados del Supremo y del tribunal Constitucional es la llamada custodia compartida, aún sin legislar en nuestro país…

Aún no tenemos ley, pero el papel del Tribunal Supremo con sus fallos ha sido importante porque ha ayudado a entender el tema. Al mismo tiempo, en nuestro país disponenos de territorios con ley propia. Así lo dice nuestra Constitución que aquellas Comunidades Autónomas con derecho foral propio podrán legislar sobre estos temas.

Curiosamente el legislador nacional suele ir a remolque en materias innovadoras, ha pasado con la custodia compartida o con la ley de parejas de hecho que aún no existen como tales. En este sentido nuestro Parlamento debería legislar sobre una ley de parejas de hecho. No lo ha hecho y hay quince normas autonómicas diferentes y requisitos distintos y esto puede producir conflictos en la práctica.

El legislador nacional suele ir a remolque del autonómico en materias como la custodia compartida o con la ley de parejas de hecho

La presidente de AEAFA subraya que quieren que se les escuche «en todos aquellos proyectos legislativos que tengan que ver con la familia y su entorno como técnicos que somos»

La voluntad de nuestros políticos parece curiosa, prefieren aprobar una ley sobre el matrimonio homosexual que regular las parejas de hecho…

Esa cuestión tendría que preguntárselo a ellos, pero da la sensación que nuestros políticos se decantan por aquellos asuntos que les puede generar más votos, realmente.

Y sobre la mediación, el ministro Catalá ha vuelto a significar que va a apoyar esta práctica, pero como siempre, no acaba de aclarar cómo….

No tenemos una cultura de mediación en nuestro país. Preferimos que un juez solucione los asuntos aunque el proceso se dilate en el tiempo. También se piensa que la negociación y el acuerdo quita poder a alguna de las partes. Y no es cierto, en la práctica un asunto puede judicializarse más aún de lo que se cree.

Creo que desde el Ministerio de Justicia se debería hacer una apuesta sobre la mediación y dotarla de medios, sobre todo a nivel de mediación intrajudicial, la que se pone en marcha cuando el asunto ya se ha iniciado. Se necesitan presupuestos para que los mediadores trabajen y estén convenientemente remunerados

Fundamental que desde el colegio los más jóvenes sepan que significa esto de la cultura de la paz y del acuerdo. La mediación escolar está funcionando muy bien.

¿Hay que hacer una campaña institucional para que se conozca la mediación?

Desde luego, hay que ponerla en marcha para que la sociedad visualice lo que es la mediación y cuáles son sus valores añadidos. Mientras tanto Colegios profesionales, como los de Abogados, o el Grupo de Magistrados por la Mediación (GEMME) están haciendo un esfuerzo importante para que se conozca esta actividad extrajudicial.

La mediación es algo más que mediación familiar, donde ha tenido muchos éxitos. A nivel empresarial cada vez tiene más repercusión. En sectores como el asegurador o la banca, las compañías del sector se han dado cuenta que es más económico acudir a mediación que a un pleito convencional.

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