El Consejo de Ministros aprobará este viernes un decreto por el que se crearán dieciséis plazas de magistrados en órganos colegiados para hacer efectiva la segunda instancia judicial penal. Se trata de una de las principales decisiones incluidas en la agenda del Consejo, que será presidido por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, se encuentra participando en el Consejo Europeo de Bruselas, por lo que no asistirá. Sí lo harán el resto de miembros del Gobierno.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ya adelantó este miércoles que el Consejo aprobaría un decreto para la creación de nuevos órganos judiciales para la articulación de la segunda instancia penal, de acuerdo a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que crea las salas de apelación en los tribunales superiores y en la Audiencia Nacional.
Concretamente, el texto recoge la dotación de tres nuevas plazas de magistrado para la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, que entrará en funcionamiento el 1 de junio, y de otras trece que se distribuirán entre las salas de lo Civil y Penal de los tribunales superiores de Justicia de Andalucía (seis), Cataluña (tres), la Comunidad Valenciana (una) y Madrid (tres).
El Gobierno ha señalado este viernes que en el plazo de dieciocho meses el Ministerio de Justicia volverá a evaluar las necesidades existentes de cara a la posible creación de plazas adiciones.
Asimismo, ha recordado que la segunda instancia penal ya está recogida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que España ratificó en abril de 1977 y que establece con claridad el derecho de cualquier persona condenada por un delito a que, tanto el fallo condenatorio, como la pena impuesta, se sometan a un tribunal superior.
En el derecho español existe esta segunda instancia penal contra las sentencias y autos dictados por los jueces de Instrucción y de lo Penal que se recurren tradicionalmente en apelación ante la Audiencia Provincial. Sin embargo, nuestra legislación no contemplaba esta figura respecto a las sentencias dictadas en primera instancia por la propia Audiencia Provincial y la Audiencia Nacional.
Con la introducción de la segunda instancia penal que se materializa con este Real Decreto se mejoran las garantías de los ciudadanos ante la Justicia al reforzarse los recursos procesales en el ámbito penal; y España cumple plenamente con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Además, se destaca que la vía ordinaria de recurso culmina por primera vez en cada Comunidad Autónoma, con lo que se refuerza el ámbito procesal penal de los Tribunales Superiores de Justicia.
El Tribunal Supremo, a través del recurso extraordinario de casación, recupera, además, su función propia de introducir uniformidad y seguridad jurídica en el sistema penal, contribuyendo a la descongestión de los asuntos tramitados por el mismo.
