Jueces para la Democracia (JpD) ha calificado hoy de «demagogia» la petición de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, de reclamar prisión inmediata para maltratadores condenados sin dedicar los «recursos financieros y humanos adecuados» para aplicar la ley.
La ministra aseguró la semana pasada durante su intervención en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado que era necesario el ingreso «de forma inmediata en prisión» de este tipo de delincuentes porque la ejecución de las sentencias condenatorias «a veces se demora demasiado».
En este sentido, la asociación de jueces recuerda a la ministra que El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia domestica (denominado Convenio de Estambul), acordado en 2011, ratificado por España con fecha 1 de agosto de 2014 «supone el compromiso de llevar a cabo políticas globales y coordinadas para que los estados actúen con la diligencia debida con el fin de prevenir, investigar, castigar y conceder una indemnización por los actos de violencia incluidos en su ámbito de aplicación».
A través de un comunicado, JpD, también inciden en que para «mejorar la efectividad de las resoluciones judiciales», incluida su ejecución, «no sólo es precisa la adopción de medidas legislativas si fueran necesarias, sino también la dedicación de recursos financieros y humanos adecuados para la aplicación de la ley».
Y en este sentido, recuerdan que «En los últimos seis años el Gobierno del Partido Popular ha recortado un 26% del presupuesto destinado a la prevención de la violencia de género«. Entienden que es «imprescindible el compromiso de efectuar una adecuada dotación presupuestariamente con este fin».
Por otra parte, JpD asegura que «la Ley Integral debe ampliar su ámbito a aquellos delitos que constituyen violencia contra las mujeres y están recogidos en el Convenio, para incluir así todas las medidas de sensibilización, prevención, detección, enjuiciamiento y reparación en estos ilícitos que no se encuentran contemplados en el texto legal».
Además, también ha pedido ampliar el ámbito de esta ley a los delitos ajenos al ámbito doméstico, como las violaciones o el acoso laboral, así como mejorar la tutela institucional y las medidas judiciales de protección y seguridad.
