Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) ha salido al paso del conflicto entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia por la supresión de una decena de medidas de refuerzo en juzgados y audiencias de Cataluña, la Comunidad Valenciana y también Madrid.
Y lo ha hecho marcando distancias por partida doble. La asociación progresista considera que la discrepancia entre ambas instituciones ha generado «perjuicios a la ciudadanía y a parte de la carrera judicial que resultan inaceptables», según un comunicado difundido ayer, en el que no reparte responsabilidades: censura tanto al órgano de gobierno de los jueces como al departamento que dirige Félix Bolaños.
El posicionamiento no es menor. Mientras las otras tres asociaciones judiciales han cerrado filas con el CGPJ en este conflicto, JJpD opta por una vía distinta y se desmarca de ese consenso.
JJpD no respalda al Consejo, pero tampoco carga las tintas en exclusiva contra el Ministerio: exige a ambas instituciones un entendimiento previo que habría evitado, sostiene, llegar al punto de tensión actual.
«Lo razonable hubiera sido» pactar antes y con criterios claros
El comunicado es especialmente crítico con la falta de método por parte de las dos instituciones. Lo razonable, defiende la asociación, habría sido que el Ministerio de Justicia y el CGPJ acordaran con antelación qué comisiones de servicio –los refuerzos– podían mantenerse y cuáles no. Y que el propio Consejo hubiera fijado criterios objetivos —la antigüedad, por ejemplo— para determinar qué personas afectadas tendrían preferencia a la hora de continuar en su plaza.
Nada de eso sucedió, denuncia JJpD. «Todo se ha dejado para última hora», señala el texto, dando lugar a protestas públicas que, a juicio de la asociación, no han hecho sino «enmascarar la ineficaz gestión» de la discrepancia entre ambas instituciones.
Es en ese reparto de culpas simétrico donde JJpD marca su perfil propio frente al resto de asociaciones judiciales, que han optado por respaldar la posición del Consejo en este pulso.
La factura de esa gestión tardía la han pagado, según JJpD, jueces que ejercían sus funciones «con rigor» y que de un día para otro han sido cesados de comisiones que venían desempeñando, arrastrando consigo suspensiones de vistas y señalamientos que —subraya el comunicado— perjudican directamente los derechos de la ciudadanía afectada por esos procedimientos.
La asociación reclama «más responsabilidad» a quienes gestionan estas necesidades con los medios disponibles, y pide evitar «protagonismos y conflictos» que terminan perjudicando tanto a la sociedad como a los profesionales del derecho.
Las pagas extraordinarias de 2023, otra reivindicación pendiente
JJpD aprovecha el comunicado para reactivar una demanda que arrastra desde hace meses: el abono de las pagas extraordinarias derivadas del acuerdo retributivo del 23 de mayo de 2023, que entonces supuso un incremento salarial para toda la carrera judicial.
La asociación rechaza de forma expresa la vía que se baraja para resolverlo —remitir el pago a una futura ley de presupuestos— porque, advierte, si esa norma no llega a aprobarse, toda la judicatura se vería forzada a presentar reclamaciones administrativas individuales solo para interrumpir la prescripción de un derecho que consideran ya reconocido. JJpD pide «una solución rápida» que atienda lo que califica de «derechos legítimos» cuya desatención «resulta injustificada».
Guardias judiciales: la asociación invoca al TJUE para exigir una actualización «urgente»
El tercer eje del comunicado apunta a las guardias de jueces. JJpD vuelve a denunciar que su retribución continúa sin incrementarse, pese a que —afirma— el importe actual «ignora la responsabilidad» que conlleva atender un servicio de esa naturaleza.
La asociación recuerda que lleva tiempo reclamando esa actualización sin que el Ministerio haya dado respuesta a lo que considera aspiraciones legítimas de quienes garantizan, a través de las guardias, derechos fundamentales y necesidades urgentes que no admiten demora.
Para reforzar su posición, JJpD invoca la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que a su entender ha refrendado el carácter preceptivo de esa prestación. La conclusión de la asociación es tajante: resulta «inexcusable» resolver esta cuestión «con carácter urgente».
