Narcís Serra y la ex cúpula de Catalunya Caixa imputados por un perjuicio de 720 millones de euros
Narcis Serra, expresidente de Catalunya Caixa. (EP)

Narcís Serra y la ex cúpula de Catalunya Caixa imputados por un perjuicio de 720 millones de euros

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17/3/2017 05:58
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Actualizado: 17/3/2017 00:28
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El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga al expresidente de Catalunya Caixa Narcís Serra, al ex director general Adolf Todó y a otros trece altos cargos por presunta administración desleal que habría originado un agujero en la entidad de más de 720 millones de euros.

Pese a que el magistrado todavía no ha puesto a fecha a la declaración como imputados, sí que ha manifestado que les llamará en los próximos días, tras aceptar la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción, que inició las diligencias a instancias del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Asimismo, el juez Moreno ha dejado al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria la opción de ejecutar acciones civiles o penales en su calidad de entidad pública que compró la entidad.

Entre los directivos investigados figura Antonio Llardén, vicepresidentes de la caja en 2007 y actual presidente de Enagás.

Se trata de una serie de operaciones inmobiliarias efectuadas entre los años 2000 y 2013, en los que la caja entró con una participación de aproximadamente el 50 % junto con otros socios, y que posteriormente instrumentalizó a través de su filial Promotora Catalunya Mediterránea (PROCAM).

En este sentido, el fiscal Fernando Maldonado distingue dos períodos, el primero entre 2000 y 2007, cuando se tomaron decisiones de inversión y de adquisición de compromisos económicos «relevantes», y entre 2008 y 2013, momento en el que ya se hizo patente la imposibilidad de desarrollar los proyectos.

La Fiscalía señala que los órganos de gobierno de la entidad bancaria aprobaron intervenir en promociones inmobiliarias en España y también en Polonia y Portugal en las que se adquirían terrenos no urbanizables o incluso afectados por resoluciones legislativas que los calificaban de especial interés, lo que suponía «un riesgo en la inversión».

La entidad habría adquirido inmuebles y «compromisos económicos relevantes» y habría concedido créditos «desproporcionados»; asimismo, la Fiscalía ha detectado irregularidades en los pactos de separación de los socios de dichas participaciones empresariales.

El consejo de Administración, que podía aprobar créditos con garantía real de hasta 12 millones de euros y sin garantía real de hasta seis millones, elevó estos umbrales hasta 24 y 12 millones de euros, respectivamente; posteriormente, se incrementaron hasta 30 millones para créditos con garantía personal y hasta 60 millones para aquellos con garantía real.

«En la mayoría de casos analizados el aval y fiabilidad que desde la entidad se otorgó a las proyecciones efectuadas por la filial inmobiliaria y a las manifestaciones de los socios inmobiliarios copartícipes de las inversiones supuso acometer las inversiones confiando en la palabra del socio, sin previos informes externos independientes al proyecto y sin realizar análisis exhaustivos de aspectos tales como la solvencia y capacidad de los asociados», destaca la denuncia que asumirá un Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional.

También se ha detectado la existencia de conflicto de intereses, ya que algunos de los terrenos eran propiedad de alguno de los socios; en algunos casos, las operaciones inmobiliarias se llevaron a cabo sin la pertinente autorización de la Comisión Ejecutiva.

Asimismo, el escrito fiscal apunta que la decisión del consejo de administración del 29 de abril del 2008 de separación de socios ante la situación de crisis inmobiliaria «fue un error» que supuso un mayor perjuicio.

Serra y Todó tienen otra causa pendiente, por los sobresueldos que cobraron a partir de 2010, después de que la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) solicitara el pasado 27 de febrero la apertura de juicio oral contra ambos.

RESPONSABILIDAD DE SERRA

En cuanto a la actuación del que fuera exministro de Defensa, Narcís Serra, la denuncia especifica que se ha detectado «una total falta de preparación técnica» de la mayor parte de los miembros del Consejo de Administración para aprobar cualquier propuesta.

Por ello, la Fiscalía concluye que se daba una total ausencia de control en la toma de decisiones que favoreció que el presidente, el director general y su adjunto fueran «quienes realmente decidían en la caja, sin que sus decisiones jamás fueran puestas en entredicho».

Con este criterio el banco realizó inversiones en lugares como Cracovia, para la construcción de más de 2.000 viviendas, Valdemoro (Madrid), Molina de Segura (Murcia) o Chiclana (Cádiz). (CONFILEGAL/EP)

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