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SAREB: El final de un proceso que (quizás) nunca debió existir
La abogada Patricia Aira cuenta cómo fue su participación en la SAREB, como parte de uno de los equipos de los despachos del consorcio para la "due dilligence" de los activos tóxicos. Es letrada de la firma Lawyou.
02/3/2022 06:47
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Actualizado: 02/3/2022 10:20
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A finales de enero se hizo pública una noticia que quizás no ha dado lugar a tantos comentarios como debiera, considerada su trascendencia y su simbolismo para la economía española. El Estado, a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), propuso a la banca y resto de accionistas de la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) asumir la propiedad del 100% de la compañía por un valor simbólico de 195 euros.
El lanzamiento de esta oferta de compra de la SAREB por parte del FROB se produjo como consecuencia de la aprobación del Real Decreto-ley 1/2022, de 18 de enero, que sirvió para poner en marcha el denominado proceso de “nacionalización” de este organismo.
Al poco de iniciarse el mes de febrero el Congreso convalidaba dicho Real Decreto.
La SAREB fue una compañía creada en 2012 como parte del esquema planteado por el Estado español, en coordinación con las autoridades de la Unión Europea, con el fin de lograr recapitalizar las entidades financieras españolas más afectadas por los excesos que llevaron a la crisis financiera del año 2008.
En aquel año 2012, SAREB adquirió 200.000 denominados “activos tóxicos” (que incluían préstamos a los promotores e inmuebles) por un precio de 50.781 millones de euros, que había sido fijado previamente por el Banco de España, y que fue pagado mediante bonos avalados por el Tesoro Público.
Así, SAREB asumió un fundamental encargo que sería clave en el saneamiento del sistema financiero español.
En esa misma fecha (2012), siendo Abogada Senior en el área de Financiero y Mercado de Capitales de Ramón y Cajal Abogados, mi entonces Despacho resultó adjudicatario, en el Consorcio liderado por la firma británica Clifford Chance, del concurso para llevar a cabo el proceso de due diligence (revisión legal) de los activos “tóxicos” que serían, poco tiempo después, absorbidos por la recién creada SAREB.
UNA LABOR TITÁNICA
Como equipo legal nos correspondió la tarea de asumir, junto al resto de firmas de servicios jurídicos que formaron parte de aquel consorcio, la revisión legal de los activos tanto desde una perspectiva inmobiliaria como financiera, en nuestro caso, correspondiente a Bankia.
Se trató de una labor titánica que pocos de los que formamos parte de aquel proceso podíamos vislumbrar cuando, de un día para otro, nos enviaron a la llamada “Torre Foster”, situada en el norte de la capital madrileña, a revisar unas enormes mesas, de metros y metros de largo, llenas de lo que en aquellos pasillos denominaban “carpetas verdes”.
Año y medio después, aún continuábamos revisando documentos y elaborando interminables “fichas” de revisión legal de todos los activos absorbidos.
No me cabe duda alguna de que todos los abogados y abogadas que formamos parte de aquella tarea la recordaremos para siempre como una parte importante de nuestra experiencia profesional, en la aprendimos mucho, de Derecho y Economía, de política empresarial y, por encima de todo, algo que para muchos de nosotros ha sido algo trascendental, como fue la superación los retos que transforman la carrera de los abogados en la abogacía de negocios.
En los diez años que han transcurrido desde su creación, la SAREB ha tenido una actividad muy significativa: comenzando por ofertas para la suscripción de deuda subordinada (2013), y siguiendo por varios saneamientos en la cartera de préstamos que fueron realizados entre los años 2014 y 2016.
Una actividad que se amplió en el año 2017, cuando la SAREB pasó a asumir también una labor de promoción inmobiliaria que ha venido desarrollando desde entonces y cuyo proceso más significativo fue, sin duda, el del lanzamiento en 2019 de Árqura Homes (en alianza con Värde Partners) para promover la construcción de más de 17.000 viviendas en suelos de su propiedad.
Hoy, 10 años después de aquel proceso, la SAREB pasa a ser nacionalizada al ser objeto de compra por parte del FROB por una cantidad simbólica, después de semanas de rumores en los mercados y en los despachos.
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