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Plazos en la instrucción: seguimos limitados

Susana Gisbert es fiscal en la Audiencia Provincial de Valencia. Twitter: @gisb_sus.
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Ya hace casi año y medio que se publicaba la reforma procesal penal, ésa que, entre otras cosas, limitaba el plazo de instrucción de las causas a seis meses como regla general y con la posibilidad de prórroga a dieciocho meses. Una reforma que hizo correr ríos de tinta e indignación que quedaron en eso. En nada.

Quienes la idearon –¿o sería mejor decir que la planearon con premeditación y alevosía?- estaban dispuestos a que entrara en vigor tal como estaba, y de nada sirvieron movilizaciones y críticas. La decisión estaba tomada.

Y ningún caso pensaban hacer a quien dijera lo contrario, por más que esas opiniones vinieran de quienes estaban llamados a aplicarla. No cedieron ni un ápice.

Pero la carne es débil y al final a todo se acostumbra una, y poco a poco se apagaron las voces, las críticas y se acabó abriendo paso la resignación. Como siempre.

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Aunque cumplieran escrupulosamente esa Disposición Adicional que establecía que no dotarían de medios personales ni materiales para llevarla a cabo.

Y así ha sido, en efecto. Más allá del caramelo engañoso de algún que otro fiscal sustituto para solventar el penoso trance de la primera embestida de las causas, éstos cesaron y todo quedó igual. O peor. Porque ahora hay una ley que fija un temporizador, como si de una bomba lapa se tratara, a cada uno de los procedimientos judiciales.

Y juro que a veces hasta tengo la sensación de oir el tic tac del reloj cuando entran en mi despacho y encuentran hueco en la mesa. Si lo encuentran, claro, que a veces no es tan fácil.

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Así que, llegados a este punto, no estaría de más echar las cuentas y ver qué ha traido consigo tan polémica reforma. Y cómo se está aplicando, que ahí también hay tela que cortar.

Por supuesto, desde el lado de quienes realizaron, propugnaron e impusieron la reforma, todo son parabienes. Hemos podido leer –y casi ver sacando pecho- cómo se autofelicitaban de lo bien que había funcionado el invento, y la altísima reducción de la pendencia judicial y, si me apuran, hasta de la carga de trabajo. Pero poco tiene que ver con la realidad. En un pase de birlibirloque, nos juntan churras y merinas y sacan sus propias conclusiones.

Reducción de los números

Y, aunque es verdad que se han reducido los números, ello ni responde a la realidad del trabajo ni, mucho menos, tiene por causa esa limitación del límite de instrucción.

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¿Por qué digo eso? Muy sencillo. La reforma en cuestión, además del conocido precepto limitador de plazos, tenía unas cuantas perlitas más. Entre ellas, la asunción por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad de los expedientes en que no había autor conocido, que dejaron así de pasar por el juzgado.

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Y, en consecuencia, una disminución drástica del número de Diligencias Previas que cada uno de ellos despacha al cabo del año, parámetro que se utiliza comunmente para medir la carga del trabajo de cada juzgado.

Pero, en realidad, lo que ha disminuido es únicamente el trabajo de mero trámite, ese que se despachaba en un pis pas con un auto de modelo y un visto del Fiscal al archivo provisional, y que suponía un porcentaje muy pequeño de esfuerzo y tiempo.

Y, mientras, los asuntos que de verdad dan trabajo ahí seguían, esperando se despachados con los mismos escasos medios, y con la presión adicional de un plazo que no acababa de saberse muy bien si era de prescripción o de caducidad, si propio o impropio. Sin que la reforma de marras hubiera supuesto otra cosa que un tirón de orejas legislativo sin medios para llevarlo a cabo.

Así que nadie debe llevarse a engaño y creer que ese límite ha supuesto otra cosa que una presión añadida a cambio de nada. Porque, prefabricada la reducción de los números del juzgado, se crea la excusa perfecta para no crear ni uno solo, tal como ha venido siendo la tónica habitual en los cuatro años anteriores.

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Y lo que te rondaré, morena.

Resoluciones contradictorias

Pero, como decía, nadie aclaró la naturaleza de ese plazo.

Y ahí andamos, con resoluciones contradictorias de las Audiencias cuando alguien tiene a bien recurrir la declaración de complejidad, la prórroga del plazo, o la propia sentencia en cuya instrucción se haya infringido presuntamente el mismo.

Y aunque podemos encontrar de todo tipo de soluciones, parece que se abre paso la tesis de considerar que se trata de un plazo impropio cuyo incumplimiento puede traer como consecuencia la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas, pero no la nulidad de lo actuado fuera del plazo.

Aunque quedan muchas sentencias por poner y la última palabra todavía no está escrita.

Mientras tanto, en el día a día de los juzgados, continúa la zozobra. Y, desde luego, la presión por sacarse de delante los expedientes lo antes posible no vaya a ser que se nos pase en plazo.

Y eso no es bueno.

No, en asuntos con una complejidad obvia, ni tampoco en otros que, aún no teeniéndola a priori, se complican por cualquier circunstancia -como la tradanza en una pericial aparentemente sencilla, las dificultades de encontrar a un testigo o cualquier otra incidencia- que, unida a la precariedad de medios, da al traste con toda posible solución en el plazo legal.

Y esta precariedad tiene sus riesgos. Por un lado, la calidad de la instrucción. La premura de tiempo puede hacer que, en ocasiones, se prescinda de alguna prueba que en otro caso se hubiera practicado.

Por ejemplo, que nos conformemeos con un solo testigo cuando hay más, o que prescindamos de recibir declaración en instrucción citando directamente para el acto del juicio oral.

Efectos indeseables

Y, aunque muchas veces puede salir bien, en otros puede devenir en abosluciones de procedimientos aparentemente bien fundados, si ese único testigo muere o desparece, o si pasa otro tanto con aquéllos cuya declaración no se hizo en instrucción, porque en ese caso ya no cabe la reproducción en el juicio oral para incorporarlo como prueba.

Más aun en proceimientos como los de violencia doméstica y de género, donde ese testigo puede acogerse hasta el último momento a la dispensa a declarar.

Y si esto produce efectos indeseables en la resolución del pleito, puede suponer algo peor, si cabe.

Porque esa falta de aseguramiento de pruebas para dejarlo todo al albur del juicio oral, también puede llevar consigo que la prueba no practicada resultara ser de descargo, y acaben sentándose en el banquillo ciudadanos que, de haberse practicado la prueba en instrucción, no hubieran sido acusados.

Y eso es todavía más peligroso.

El problema es que, tal conforme se han planteado las cosas, nunca podremos saber cuántas absoluciones han sido ocasionadas por esa premura legal. Pero no hay que olvidar que las prisas nunca fueron buenas consejeras. Y que esto, aplicable a la vida, también lo es al Derecho.

Y así siguen las cosas. Sin que nadie haga comprender que la única forma eficaz de agilizar la Justicia es dotarla de medios. Y que las frutas maduran cuando llega el tiempo de hacerlo, por más que una ley les ordene hacerlo antes.

Y también que, por descontado, llegado el momento de la cosecha, se ha de contar con los trabajadores y los medios suficientes para recogerla en estado óptimo, no vaya a ser que se nos pudra. Como sabemos, la fruta se puede meter en cámaras frigoríficas y cubrirla de cera para que brille, pero su sabor nunca será el mismo.

@gisb_sus

por Susana Gisbert.

Susana Gisbert es fiscal portavoz en la Audiencia Provincial de Valencia. Su cuenta de Twitter es @gisb_sus.
1 comentarios en “Plazos en la instrucción: seguimos limitados
  1. En términos generales, y salvo algunas honrosas excepciones, que también las hay, el problema de la fiscalía española se resume en un estatuto funcionarial, que hace que te de lo mismo trabajar que no, pues vas a cobrar lo mismo (y con menos posibilidades de equivocarte o meter la pata si haces poco), y un incumplimiento generalizado y masivo de los horarios, o más bien una total “independencia” funcionarial…
    ¡Vayan ustedes a cualquier fiscalía los viernes, por ejemplo, y verán la casi total ausencia de los fiscales en susdespachos!
    Es decir, SEMANAS CARIBEÑAS, DE CUATRO DÍAS, como mucho, y llego cuándo quiero, y me vot cuándo me da la gana…
    Con tertulias de media mañana en las cafeterías próximas, a razón de media hora como mínimo, a una hora, para tomar el café y hablar de lo dívino y de lo humano… ¡Cómo no se van a retrasar los asuntos, con esta “productvidad”, o más bien con su total ausencia…!

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