La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha rechazado la futura ubicación del palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife en El Sobradillo propuesta por la Consejería de Presidencia y ha requerido puntualizar su preferencia en la zona de Cabo Llanos para instalar la nueva infraestructura.
En un comunicado, la Sala de Gobierno, en sintonía con lo acordado por la junta de jueces de Santa Cruz de Tenerife y la junta de magistrados de la Audiencia Provincial, entiende que el concepto de ciudad de justicia debe comprender, entre otras características, un único edificio centralizado que albergue a todos los operadores jurídicos.
Algo que también denunció la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV).
En su escrito, la Sala de Gobierno indica que se debe atender a las necesidades presentes y contemplar una reserva de espacio para cubrir las futuras a largo plazo y debe tener buenos accesos por carretera, conexiones de transporte público y posibilidades de aparcamiento, tanto para el personal al servicio de la Administración de Justicia como para el público además de estar próxima al área administrativa de la ciudad.
Por ello la Sala de Gobierno considera que tales condiciones solo se dan actualmente en el área de Cabo Llanos, donde está ubicada ahora.
Agrega que en el supuesto de que no se dispusiera en dicha zona de una parcela con las características necesarias para albergar en una sola sede todas las dependencias judiciales, la Sala considera preferible el mantenimiento del actual Palacio de Justicia de la Avenida Tres de Mayo, que podría especializarse en la jurisdicción penal,y construir otra más, que albergaría el resto de órdenes jurisdiccionales.
«Tal solución es preferible al traslado a la periferia» señala el comunicado del TSJC, que agrega que la distancia entre las dos sedes sería semejante a la existente, por ejemplo, entre los extremos de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria.
En este sentido subrayan que el eventual retraso por los trámites urbanísticos podría ser paliado mediante la adopción de soluciones transitorias que garanticen la unidad de sede de los órganos pertenecientes a cada orden jurisdiccional.
No obstante indica que con carácter inmediato se deben tomar medidas para que el juzgado de guardia de Santa Cruz de Tenerife cuente con unas instalaciones «dignas y seguras«.
LEJANÍA DEL CENTRO DE LA CIUDAD
Sobre la sede propuesta por la Consejería de Presidencia, la sala de gobierno del TSJC alude a la lejanía de las actuales sedes y del centro administrativo de Santa Cruz de Tenerife y recuerda que la parcela de El Sobradillo se halla a 11 kilómetros del centro de Santa Cruz de Tenerife,
«Distancia exagerada si se compara con otras edificaciones semejantes, sin ir más lejos la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, a 700 metros de la antigua sede de los juzgados y de la zona de Vegueta» agrega la nota.
Además el TSJC alude a que la zona de El Sobradillo no cuenta con dependencias administrativas ni presencia de despachos profesionales, lo que provocaría, añade, graves molestias y pérdidas de tiempo no solo para abogados, procuradores y graduados sociales, sino también para los justiciables, que tendrán que desplazarse hasta el centro de Santa Cruz de Tenerife para realizar o completar numerosos trámites y gestiones.
PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD
Los problemas de conectividad son otros de los alegados por el TSJC, quién señala que a pesar de las intenciones del Gobierno y del Ayuntamiento de mejorarla, es una zona mal comunicada y que, por más que se mejore, siempre estará en peores condiciones que la zona de Cabo Llanos, que cuenta con el intercambiador de transportes, línea 1 y futura línea 3 del tranvía, y en la que están previstos el tren del sur y el del norte.
La Sala de Gobierno del TSJC indica que en la misma parcela en que ahora se pretende ubicar el campus de la justicia, propiedad del Gobierno de Canarias, estaba destinada a la Consejería de Educación, pero se descartó esta ubicación «que hoy se pretende endosar a la administración de Justicia».
Asimismo, la Sala de Gobierno ha acordado designar una ponencia integrada por Pedro Hernández Cordobés, Joaquín Astor Landete y Juan Luis Lorenzo Bragado a fin de que recabe la información precisa de las distintas administraciones y eleve, a la mayor brevedad posible, informe al pleno de este órgano.
