La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha solicitado la prórroga de los dos jueces de refuerzo del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García-Castellón, «en atención al número de causas» que se siguen en el Juzgado y «a la magnitud de las mismas».
El Magistrado García-Castellón es el encargado de la instrucción de causas complejas como el ‘caso Villarejo’ o ‘Púnica’.
Por este motivo, la Sala adoptó el acuerdo el pasado 29 de marzo, en el que se solicita la prórroga de las medidas de refuerzo desempeñadas por Joaquín Gadea y por Daniel González Uriel, al apreciar que no han «cambiado sustancialmente las circunstancias que se hicieron constar en su día, resultando imprescindible la continuación» de sendos magistrados «para poder así afrontar con garantías las múltiples y diversas causas complejas que se siguen» en el Juzgado Central de Instrucción 6.
Esta solicitud se fundamenta además en las manifestaciones realizadas por García Castellón, así como a «la excepcional situación vivida durante el año 2020, y que se viene arrastrando durante el año 2021 y el actual año 2022, lo cual ha incidido directamente en el normal devenir de las actuaciones judiciales que se siguen en dicho Juzgado».
Asimismo, la Sala también ha pedido que Alejandro Abascal continúe como responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1, dejando al CGPJ que estime el plazo de tiempo y el modo que considere más oportuno.
Gadea y Uriel, designados desde enero de 2020 y julio de 2021
Joaquín Gadea, que cuenta con plaza en propiedad como juez de adscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se incorporó como magistrado de apoyo al Juzgado Central de Instrucción número 6 a principios de enero de 2020 y comenzó a tener competencias jurisdiccionales a principios de 2021, tras la marcha de Alejandro Abascal.
El segundo magistrado de refuerzo, González Uriel, fue titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Vilagarcía de Arousa y se incorporó el pasado mes de julio a su nuevo destino después de que Alejandro Abascal se marchase al Juzgado Central de Instrucción 1, del que se encarga actualmente.
González Uriel fue designado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su acuerdo del pasado 8 de julio de 2021. Se incorporó el 14 de julio realizando exclusivamente «labores de colaboración, asistencia o asesoramiento», bajo la dirección del titular del juzgado y sin contar con funciones jurisdiccionales, del mismo modo que entró Gadea.
Nueva renovación de Alejandro Abascal
Por otro lado, la Sala también ha pedido que Alejandro Abascal continúe como responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 La prórroga de la comisión de servicio con relevación de funciones que ejerce Abascal fue otorgada, como recuerda el propio acuerdo, por seis meses inicialmente.
Fue a finales del pasado mes de diciembre cuando la Comisión Permanente del CGPJ acordó renovar a Abascal por el citado periodo salvo que con anterioridad se produjese la efectiva incorporación del titular del Juzgado o de la magistrada a la que se le asignó la vacante.
La medida se prorrogó a finales del pasado mes de diciembre, fecha en la que la Comisión aceptó la solicitud de la Sala de Gobierno de la AN. Esta prórroga estaba sujeta a la condición de que se produjese la efectiva incorporación del titular del Juzgado, Luis Francisco de Joerge Mesas, o de la magistrada a la que se le asignó la vacante, Mercedes del Molino Romera, en comisión de servicio como asesora en el Ministerio de Justicia.
Ninguno de estos extremos ha ocurrido, de modo que en principio el magistrado continuará en su puesto.
Como responsable del Juzgado Central de Instrucción nº 1, Abascal es el encargado de supervisar la investigación que realiza la Fiscalía Europea sobre el contrato de emergencia para la compra de mascarillas en plena pandemia y que está vinculado a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En este juzgado también se sigue el rastro del dinero en la causa que investiga los fondos que habría recibido el ex embajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007, Raúl Morodo, y su entorno familiar de la petrolera venezolana PDVSA.
Además, en el citado Juzgado se investiga una presunta estafa con criptomonedas que habría cometido la mercantil Algoritmhmics Group dejando un saldo de 300 afectados y 100 millones de euros estafados.
