La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo advierte de las «perniciosas consecuencias» que para el tribunal supone la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la imposibilidad de cubrir las vacantes.
El órgano presidido por Carlos Lesmes lleva en funciones desde diciembre de 2018.
A instancia de sus miembros electos, la Sala de Gobierno ha acordado hoy por unanimidad dirigirse al órgano de gobierno del Poder Judicial para trasladarle su preocupación y ha encargado al Gabinete Técnico que detalle en un informe la situación a la que se enfrentan las distintas Salas del Supremo.
Así, destaca «las perniciosas consecuencias, ya graves en el futuro próximo y que previsiblemente irán acrecentándose, que para el funcionamiento del Tribunal supone la falta de renovación del órgano de gobierno del Poder Judicial y la consiguiente imposibilidad de cubrir las vacantes existentes como las que puedan ir produciéndose en los próximos meses».
En el acuerdo señala que algunas de las Salas afectadas «se encuentran en una coyuntura en que se hace más urgente, desde el punto de vista jurídico y también social (pensemos en las vicisitudes en el mundo laboral de la pandemia), resolver con la mayor agilidad posible algunas de las cuestiones que tienen planteadas y que seguirán suscitándose previsiblemente».
Sobre esto, añade que «al margen de cuestiones de otro orden que no le competen», la Sala de Gobierno «no puede permanecer indiferente ante esas preocupantes previsiones y ha de alertar sobre ellas».
Asimismo, indica que ha encargado un informe al Gabinete Técnico del alto tribunal «que refleje sintéticamente y con señalamiento de calendario el panorama al que se enfrentarían las diversas Salas de este Tribunal en el caso de que se prolongase la actual situación de interinidad del Consejo General del Poder Judicial».
A fecha de hoy, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo cuenta con una vacante, la Sala de lo Contencioso-Administrativo con seis, la Sala de lo Social con tres y la Sala de lo Militar con dos.
Las vacantes que hay en el Supremo no pueden ser cubiertas debido a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que se aprobó el pasado mes de marzo, a propuesta de PSOE y Podemos, que impide hacer nombramientos en la cúpula judicial cuando haya caducado el mandato del CGPJ.
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