El informe de la Comisión Europea se puede descargar desde un vínculo al final de este artículo.
El 60 % de los españoles percibe como «mala» o «muy mala» la independencia judicial, según la Comisión Europea
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10/4/2017 14:31
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Actualizado: 10/4/2017 14:31
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España es el tercer país de la Unión Europea en cuyos ciudadanos tiene una peor percepción de la independencia de sus jueces y tribunales, con un 60 por ciento de la opinión pública con una imagen «mala» o «muy mala», según los datos publicados este lunes por la Comisión Europea y correspondientes al Cuadro de indicadores de la Justicia de la Unión Europea de 2017.
El informe, que ha sido presentado hoy en Bruselas por Vera Jourova, Comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género de la UE, dice también que un 30 por ciento de los españoles dicen tener una imagen «buena» o «razonablemente buena» de la Justicia en su país, un dato que sólo mejora los de Eslovaquia (20% de su población) y de Bulgaria (cerca del 25%).
Nuestro país, sin embargo, obtiene la máxima puntuación en materia de comunicación con las partes, así como en la que se facilita a los medios de comunicación.
Asimismo, sale muy bien valorado a la hora de ofrecer información a los interesados sobre la progresión de sus asuntos.
También son positivos los valores en cuanto a la asistencia jurídica gratuita, lo que se traduce en que incluso las personas con ingresos superiores al umbral de la pobreza marcado por Eurostat, acceden a este servicio.
En cuanto a la eficiencia de los sistemas judiciales, nuestro país progresa en los tiempos de respuesta judicial, que se reducen año a año.
En este apartado, España mejora especialmente en asuntos administrativos, en particular en aquellos relativos a infracción en materia de propiedad intelectual, donde la duración de los procedimientos es de las menores de la UE y en vía judicial en materia de protección de consumidores.
Elevada presencia de mujeres jueces
El informe también recoge la elevada presencia de mujeres en los tribunales de primera instancia españoles con un porcentaje del 60 %, si bien esta presencia se reduce al 34 % en los tribunales de segunda instancia y por encima del 10 % en el Tribunal Supremo.
Porcentajes estos últimos que se irán incrementando a medida que el elevado número de juezas que se encuentran actualmente en niveles intermedios vaya ascendiendo a las categorías superiores del escalafón.
Por otro lado, España es uno de los Estados miembros con mayor presencia de abogados por cada 100.000 habitantes.
La Comisión Europea destaca asimismo las medidas objetivas adoptadas por España para la salvaguarda y garantía de la independencia de nuestra Justicia: existencia de garantías legales, régimen disciplinario, inamovilidad de los jueces, organización y gestión de los tribunales. Nuestro país ha mejorado en la percepción subjetiva de independencia de la Justicia por parte de los ciudadanos y las empresas, según el indicador de la encuesta de percepción del Foro Económico Mundial.
En cualquier caso, hay que poner de relieve que el uso de encuestas de naturaleza subjetiva ha sido desde hace tiempo muy contestado en Bruselas por diversos países miembros.
Ámbito empresarial
En el ámbito empresarial, los resultados son similares y el estudio de Bruselas sobre los sistemas judiciales de sus Estados miembro muestra que en España el 30 por ciento aproximadamente de sus empresas tiene una imagen positiva de la independencia judicial, frente a cerca de un 60 por ciento con una percepción contraria.
En este caso, España se coloca en quinta posición a la cola, por detrás de Eslovaquia, Eslovenia, Bulgaria y Croacia.
Preguntados por las razones que les hacen dudar de la independencia del sistema, los españoles apuntan en su mayoría (cerca del 50 %) a «interferencias o presiones del Gobierno y políticos», al igual que la mayoría de europeos.
Las presiones económicas y las vinculaciones de los jueces son otras de las principales causas de sospecha por parte de la opinión pública.
El informe aúna indicadores que miden la eficiencia, la calidad y la independencia de los sistemas judiciales de los Estados miembros, teniendo en cuenta desde la duración de los procesos y tasa de resolución, hasta las salvaguardas para preservar la independencia de los jueces o los recursos que se dedican al sistema y los medios que ofrece a los ciudadanos.
La Comisión Europea destaca asimismo las medidas objetivas adoptadas por España para la salvaguarda y garantía de la independencia de nuestra Justicia: existencia de garantías legales, régimen disciplinario, inamovilidad de los jueces, organización y gestión de los tribunales. Nuestro país ha mejorado en la percepción subjetiva de independencia de la Justicia por parte de los ciudadanos y las empresas, según el indicador de la encuesta de percepción del Foro Económico Mundial. En cualquier caso, hay que poner de relieve que el uso de encuestas de naturaleza subjetiva ha sido desde hace tiempo muy contestado en Bruselas por diversos países miembros.
Preocupa el Estado de Derecho en Polonia y Hungría
En el plano global, la Unión Europea cuenta cada vez con sistemas más eficaces, aunque persisten dificultades que resolver, según ha expuesto la comisaria de Justicia, Vera Jourova, en una rueda de prensa.
Jourova ha confirmado que el análisis se ha llevado a cabo «con pocos o ningún dato» de Polonia, cuyo Gobierno ultraconservador no ha colaborado con este proyecto, en medio de las fuertes tensiones con Bruselas por las dudas sobre el respeto del Estado de derecho en este país.
La comisaria ha admitido en su comparecencia ante los medios la «preocupación» del Ejecutivo comunitario por la tendencia que están tomando tanto el Gobierno polaco como el de Hungría, en donde el Gobierno de Viktor Orbán ha reformado una ley educativa que condena al cierre a la Universidad Centroeuropea (ECU) del estadounidense George Soros.
«Animo a los Estados miembros a velar por que cualquier reforma de la Justicia respete el Estado de derecho y la independencia judicial», ha dicho.
«Ya es hora de discutir la situación de Hungría en la Comisión», ha apuntado la comisaria, en referencia al debate que tendrá sobre este caso el Colegio de Comisarios el miércoles, a la luz de las «señales preocupantes» sobre medidas para reducir el poder de los ciudadanos y el pluralismo. EP.
INFORME, EN INGLÉS, PARA DESCARGAR:
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