El Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ) ha mostrado su preocupación por la falta de «objetivos definidos» y la ausencia de «políticas públicas» en los presupuestos de Justicia, que supondrá la «perpetuación de respuestas ancladas a una estructura obsoleta como son los juzgados y tribunales, incapaces de dar respuesta a nuestra sociedad».
Desde el SISEJ insisten en que se trata de un presupuesto llamado «a perpetuar las carencias de la administración de justicia, que renuncian despliegue de la Oficina Judicial y la modernización estructural de la Administración de Justicia».
A través de un comunicado, el sindicato de letrados ha expresado así su rechazo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado que presentó el Ejecutivo el pasado martes 4 de abril ante las Cortes Generales, en el que se prevé un aumento del 7,6 % de los fondos destinados al Ministerio de Justicia respecto a 2016.
Denuncian «destina 0€ a la modernización organizativa de la Administración de Justicia», lo que considera que «impulsa» a los juzgados y tribunales a un abismo de «ineficacia e ineficiencia y la perpetuación de respuestas ancladas a una estructura obsoleta como son los juzgados y tribunales, incapaces de dar respuesta a nuestra sociedad».
Desde el colectivo han explicado que de los 1726 millones de euros presupuestados, un total de 1358 millones irá destinado a abonar el salarios de los trabajadores.
«Ni rastro de inversión destinada a la implantación de la Oficina Judicial (tanto para agilizar el impulso de los procedimientos como para resolver la grave situación de la ejecución de las resoluciones) o Tribunales de Instancia por parte del Ministerio de Justicia».
Tampoco se establece en la propuesta de Presupuesto «partidas destinadas a la Oficina Fiscal ante el anuncio de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para atribuir la instrucción penal al Ministerio Fiscal, como tampoco se establece previsión para la creación de Jueces de Garantías«.
REGISTRO CIVIL
Además, recuerdan que los presupuestos solo prevén 14 millones de euros para la creación del nuevo Registro Civil. El Ministerio, que ya ha anunciado una nueva demora en esta materia, pretende mantener el actual modelo del Registro Civil, «cuyo funcionamiento es notoriamente deficiente, acumulando constantes quejas por parte de la ciudadanía, porque simplemente pretenden substituir a los jueces por los letrados de la administración de justicia».
Desde el Sindicato de Letrados «defienden un Registro Civil telemático, próximo y dotado de una estructura organizativa centralizado que facilite la resolución de los expedientes de forma rápida y con todas las garantías. Y ese modelo es el previsto en la Ley 20/2011″. Un modelo que permita a los juzgados centrarse en las labores propias de la administración de justicia, y «facilite el acceso telemático a la ciudadanía, manteniendo un servicio de proximidad, por medio de convenios con los municipios y comunidades autónomas, para evitar las consecuencias la “brecha digital”».
