El Gobierno de Mariano Rajoy concedió un total de 15 indultos durante los primeros diez meses de 2016, estando en funciones, según datos de la Fundación Civio, que apunta que trece de ellos fueron otorgados con motivo de la Semana Santa a petición de las cofradías.
La organización ha publicado un nuevo estudio de ‘El indultómetro’ que desvela que durante todo 2016 se concedieron 27 indultos. De ellos, 15 fueron otorgados por el Gobierno en funciones mientras que los doce restantes fueron concedidos por el último Consejo de Ministros del año.
Según detalla, estando en funciones el Ejecutivo indultó dos veces a María Salmerón, una mujer condenada por un delito de desobediencia por incumplir el régimen de visitas de su hija a su exmarido, condenado por malos tratos. Los trece restantes fueron concedidos siguiendo la tradición de atender peticiones de las cofradías en Semana Santa.
El número total de indultos de 2016, incluyendo los concedidos con el Gobierno ya electo, fue sin embargo muy inferior al de años anteriores: en 2015 se habían concedido un total de 75 perdones, 87 en 2014, 204 en 2013 o 534 en 2012.
La Fundación Civio detalla que los indultos fueron otorgados a condenados contra la salud pública (13), por insolvencia punible (3), por lesiones (2), por desobediencia (2), por estafa (2), por falsedad o falsificación de documento oficial (2), por delito societario de administración desleal (1), contaminación acústica (1) y robo (1).
Entre los más llamativos destacan el concedido a un promotor inmobiliario que estafó a varias familias vendiendo viviendas que no construyó, el dueño de un bar condenado por «ruidos intolerables», un policía local que falsificó un documento de puesta en libertad a un detenido que se había perdido o un hombre que dejó cicatrices en la cara a otro en una pelea en la puerta de un bar.
EL INDULTO, A DEBATE EN EL CONGRESO
Precisamente, el pasado mes de febrero todos los grupos parlamentarios respaldaron en el Pleno del Congreso la toma en consideración de una proposición de ley del PSOE que modifica la Ley de Reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto, que data de 1870, para prohibir que esta medida se conceda a condenados por corrupción y por delitos de violencia de género.
La iniciativa también exige razones de «razones de justicia, equidad, utilidad pública o debida reinserción social del condenado» para poder otorgar el indulto total, justificaciones que deberán publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a la hora de comunicar la concesión de indultos. (EP)
