El juez del caso Gürtel, José de la Mata, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) imputar a la diputada del PP en la Asamblea madrileña María Josefa Aguado, al apreciar indicios de que adjudicó a dedo un contrato del Ayuntamiento de Arganda del Rey a empresas de la trama corrupta.
En su exposición razonada elevada al tribunal madrileño, en el que está aforada Aguado, el magistrado le atribuye los tres delitos: fraude a la Administración Pública, malversación y prevaricación.
Entiende que estos posibles delitos fueron cometidos durante la adjudicación por Aguado del contrato para la organización de las «X Olimpiadas Escolares» a empresas del «cerebro» de la trama Gürtel, Francisco Correa, «a sabiendas de su flagrante vulneración de los principios rectores de la normativa en materia de contratación pública, participando de forma decisiva en que se efectuara el pago de múltiples facturas en perjuicio de la Sociedad de Fomento».
El juez envía su escrito a la Sala Civil y Penal del TSJM, dada la condición de aforada de la diputada regional, para que determine si reclama el conocimiento respecto de las personas investigadas en esta causa, como son el propio Correa, su número 2 Pablo Crespo, la que fuera empleada de ambos Isabel Jordán, el exalcalde de Arganda Ginéz López Rodríguez y otros implicados como Juan Fernández Caballero, César Tomas Martín Morales e Isaac García Requena.
ACTOS «DECISORIOS OBJETIVAMENTE ARBITRARIOS»
En su auto, de la Mata sostiene que puede afirmarse, siempre con la provisionalidad derivada de la fase procesal en la que se encuentra esta pieza del caso Gürtel, que todas las decisiones que adoptó la parlamentaria autonómica en su etapa como Jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey fueron actos administrativos «decisorios objetivamente arbitrarios, todos ellos esenciales para conseguir la disposición de fondos públicos y el pago de sus facturas al Grupo Correa».
Añade que toda la actuación desarrollada por la persona aforada fue «injusta» y se llevó a cabo para evitar la transparencia, publicidad y libre concurrencia de otras empresas y que los servicios pudieran adjudicarse a las empresas que realmente hubieran podido realizar la oferta más beneficiosa para los intereses municipales y, por tanto, para los intereses generales.
En esta parte de la investigación del caso Gürtel se investiga el cobro desde el año 1999 de comisiones por parte de distintos cargos públicos de Arganda del Rey por la adjudicación de contratos tanto a sociedades vinculadas al investigado Francisco Correa, como responsable del Grupo Correa, como a empresas constructoras «desde el Ayuntamiento y desde la Sociedad de Fomento de esa localidad».
La forma presuntamente delictiva de actuar era la de fraccionar de forma sistemática los expedientes para que fueran contratos menores, con adjudicación directa eludiendo el procedimiento de contratación aplicable al sector público. Una de esos expedientes fraccionados investigados por el juez es el de la supuesta prestación de servicios para la puesta en marcha de la X Olimpiadas Escolares por parte del Grupo Correa, única empresa que presentó una propuesta económica, por importe de 89.000 euros.
Según el juez, la diputada como Jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento dio su conformidad a aquel pago que se fraccionó en 7 facturas tramitándose como contratos menores, independientes y «eludiendo el correspondiente procedimiento impuesto legalmente».
Explica el magistrado que, pese a la obviedad de la argucia, la aforada informó a favor de la aprobación de todas esas facturas que sustituían a la factura única de Easy Concept. La aprobación se hizo, además, en siete informes distintos emitidos y firmados el mismo día.
Señala el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 que «en definitiva, aparentemente se dispuso ilícitamente de fondos públicos en beneficio de terceros, conscientes de que les proporcionaban un enriquecimiento, provecho o ventaja ilícitos, en perjuicio del patrimonio público, interés que tendría en todo caso una incuestionable dimensión económica de signo negativo para los fondos públicos».
El pasado mes de enero, la diputada popular rechazó atender el ofrecimiento del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata para que declarara de forma voluntaria por estos hechos.
Tras tener conocimiento de su condición de aforada De la Mata le había ofrecido acudir voluntariamente a declarar. Transcurrido el plazo establecido para que respondiera a la oferta el juez dio por rechazada la propuesta y ahora, más de tres meses después, eleva exposición razonada al tribunal competente. (CONFILEGAL/EP)
