Quince años de cárcel para el exministro del Interior. Esa es la pena que pide la Fiscalía Anticorrupción para Jorge Fernández Díaz, quien mañana se sentará por primera vez en el banquillo de la Audiencia Nacional junto a otros 9 acusados por haber orquestado, presuntamente desde la cúpula del Ministerio, una operación de inteligencia ilegal contra Luis Bárcenas.
El objetivo era interceptar cualquier documentación que el extesorero del PP pudiera aportar al Juzgado Central de Instrucción número 5 en plena instrucción del caso Gürtel. Objetivo que se consiguió.
El juicio se prolongará hasta el 30 de junio.
La pieza separada conocida como ‘Kitchen’ arrancó formalmente como caso judicial en 2013, cuando —según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal— «desde la cúpula del Ministerio del Interior, encabezado por Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez [secretario de Estado de Interior] y Eugenio Pino [DAO, director adjunto operativo de la Policía Nacional] se ideó una ilícita operación policial de inteligencia» dirigida a obtener pruebas e información que pudieran resultar comprometedoras para el Partido Popular y sus dirigentes.
No como ejercicio de inteligencia de Estado. Como operación de encubrimiento.
El instrumento elegido fue el propio chofer de Bárcenas. Sergio Ríos, que conocía los movimientos del extesorero con la familiaridad que da años de servicio próximo, fue contactado —según Anticorrupción— con el «acuerdo pleno» de Fernández Díaz y Martínez para actuar como informante.
Entre julio de 2013 y septiembre de 2015 reportó «de forma exhaustiva e individualizada» las citas, gestiones y movimientos del matrimonio Bárcenas.
Como contraprestación recibió 2.000 euros mensuales sufragados con cargo a fondos reservados del Ministerio del Interior –un total de hasta 54.000 euros, según el escrito de acusación de Anticorrupción– una licencia de armas, una pistola marca Glock. Además, lograron que, en septiembre de 2015, fuera admitido en la Escuela que la Policía tiene en Ávila como alumno.
El esquema de mando que reconstruye la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación es nítido. Los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño, exjefe de la Comisaría de Información, y el inspector jefe Andrés Gómez Gordo recibían la información de Ríos y la canalizaban hacia Eugenio Pino y Martínez.
Estos, a su vez, «reportaban toda esta información a Fernández Díaz como responsable máximo del Ministerio del Interior».
Una cadena de transmisión que, de probarse, convertiría lo que aparecía como una operación de vigilancia policial en algo cualitativamente distinto: el aparato del Estado al servicio de un partido político para neutralizar pruebas judiciales.
Las penas que solicita Anticorrupción
Las penas que solicita Anticorrupción son de notable dureza. Están acusados de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, encubrimiento, obstrucción a la Justicia, delitos contra la intimidad, descubrimiento y revelación de secretos, y omisión del deber de perseguir los delitos.
Fernández Díaz, Martínez y Pino se enfrentan a 15 años de prisión y 33 de inhabilitación cada uno por delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad.
Para el comisario jubilado José Manuel Villarejo, cuya trayectoria paralela de operaciones para terceros ha copado la agenda judicial española durante años, la Fiscalía reclama 19 años. Sus agendas y grabaciones son de gran valor.
Sergio Ríos, el conductor reconvertido en «topo», afronta 12 años y cinco meses, además de que se declare nulo su nombramiento como policía nacional —puerta trasera que, según el Ministerio Fiscal, formó parte del precio pagado por sus servicios—.
Enrique García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, no se sentará en el banquillo. Sufrió un ictus en 2022 y fue apartado del procedimiento por «incapacidad mental sobrevenida».
Para el comisario Marcelino Martín Blas, que entonces dirigía Asuntos Internos, la Fiscalía pide dos años y medio.
Tres acusados más figuran en la causa —los inspectores José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez, y el comisario José Luis Olivera— aunque la propia Fiscalía ha solicitado el archivo respecto a ellos al no apreciar indicios suficientes.
Responsabilidades civiles
Las responsabilidades civiles añaden una capa de precisión contable al escrito fiscal.
Los acusados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a Bárcenas con 6.000 euros y a su esposa Rosalía Iglesias con 3.000. El Estado responderá subsidiariamente.
Fernández Díaz, Martínez y Pino, además, deberán reintegrar a la Administración 57.943 euros por malversación —el dinero de los fondos reservados destinado al chofer y a Villarejo—, con responsabilidad solidaria desglosada también para Ríos (54.700 euros), Villarejo (47.243) y Gómez Gordo (10.000).
La acusación particular la ejercen los propios Bárcenas, su esposa y su hijo Guillermo . PSOE y Podemos comparecen como acusación popular.
El desfile de testigos convierte el juicio en una suerte de revisión histórica del último gobierno de Mariano Rajoy.
El expresidente declarará junto a su exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal —cuyo jefe de seguridad, el inspector Gómez Gordo, está entre los acusados— el 23 de abril.
La exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría lo hará el 27. El actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska declarará por escrito.
También pasarán por el estrado el exdirector de la Policía, Ignacio Cosidó, el coronel jubilado, Diego Pérez de los Cobos, y el exjefe de la UDEF, Manuel Morocho.
Más de cien testigos en total. Los acusados, en último lugar: los días 14, 18 y 19 de mayo.
El juicio se celebrará alternando entre la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares y la capital.
