La Fiscalía Anticorrupción ha sostenido este martes, durante la presentación de su informe final en el juicio por la denominada operación Kitchen, que el dispositivo fue «un operativo parapolicial criminal» concebido para obtener información y documentación comprometedora que el extesorero del PP Luis Bárcenas pudiera conservar sobre dirigentes del partido, con el objetivo de «boicotear» y obstaculizar la investigación judicial del caso Gürtel.
El fiscal César de Rivas ha solicitado la condena a 15 años de prisión para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y quien fuera su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, al considerar que ambos conocían plenamente el presunto espionaje a Bárcenas, desarrollado en 2013 durante el Gobierno de Mariano Rajoy.
En el procedimiento también figuran como acusados el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino, el comisario jubilado José Manuel Villarejo, el comisario Andrés Gómez Gordo, el exchófer de la familia Bárcenas Sergio Ríos y el exjefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional Marcelino Martín Blas.
Durante su intervención, De Rivas aseguró que, desde su concepción, el operativo tenía una finalidad ilícita. «Nada tenía que ver con la investigación del caso Gürtel, sino todo lo contrario. Estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el PP y para sus máximos dirigentes y dirigida, precisamente, a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del caso Gürtel», afirmó.
El representante del Ministerio Público explicó que, antes incluso de que se produjeran actuaciones como la captación de Sergio Ríos —entonces chófer de la familia Bárcenas— como confidente o las vigilancias sobre Rosalía Iglesias, esposa del extesorero, los acusados ya habían mostrado interés por hacerse con la información y la documentación que Bárcenas pudiera conservar.
La operación Kitchen, un «operativo de inteligencia legal»
Según expuso, esa documentación, vinculada al caso Gürtel, podía contener información comprometedora para el Partido Popular y sus principales dirigentes, incluidas las grabaciones que, según Bárcenas, afectaban al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y al exdirigente popular Javier Arenas.
El fiscal sostuvo además que ese interés por la documentación del extesorero quedó reflejado en las agendas y diarios de José Manuel Villarejo.
A su juicio, aunque el comisario pudiera exagerar cuando hablaba con terceros, en sus anotaciones personales plasmaba «exactamente lo que estaba viviendo».
De Rivas rechazó igualmente la principal tesis sostenida por los mandos policiales procesados, quienes han defendido durante el juicio que Kitchen fue un operativo de inteligencia legal dirigido a localizar un dinero que Bárcenas supuestamente ocultaba en el extranjero.
Frente a esa versión, el fiscal afirmó que los acusados «jamás tuvieron interlocución» ni con el magistrado instructor del caso Gürtel ni con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), órgano al que correspondían las funciones de policía judicial en esa investigación.
«Esa falta de interlocución con el magistrado instructor y la UDEF les impedía conocer cualquier laguna. No se llevó a cabo ningún operativo de inteligencia dirigido a completar la investigación de Gürtel», concluyó el representante del Ministerio Público.
