El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha relevado a los fiscales anticorrupción José Grinda y Fernando Bermejo del llamado caso del 3% sobre corrupción en contratos de la Generalitat de Cataluña y en la antigua Convergència, este viernes Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT).
Por ello, el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, ha relevado, por orden de Maza, a los fiscales que investigan el caso de las comisiones del 3 % que supuestamente cobró CDC de empresarios y que actualmente lleva un juez de El Vendrell (Tarragona).
A partir de este momento se encargarán de este asunto los fiscales de la delegación de Anticorrupción en Cataluña, Fernando Maldonado y Teresa Duerto.
Al parecer, según indica Europa Press, la decisión estaría dirigida a evitar que estos fiscales invoquen el artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal por estar en desacuerdo con alguna directriz de su superior, el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, en el marco de la investigación judicial por este asunto.
La causa la investiga el titular del juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell y arrancó a partir de la denuncia de la exconcejal de ERC de Torredembarra Montse Gasull.
Los dos nuevos fiscales han investigado, juntos, el caso ITV, que está a un paso de llegar a juicio y en el que está implicado Oriol Pujol Ferrusola, ex número dos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) por cobrar sobornos de una trama de empresas.
Además, Teresa Duerto, lleva también la instrucción del caso Mercurio, que indaga una trama de corrupción generalizada en el Ayuntamiento de Sabadell durante el mandato de Manuel Bustos (PSC).
Maldonado, por su parte, es el fiscal que recientemente ha solicitado cuatro años de cárcel para el exministro de Defensa Narcís Serra por aprobar aumentos de sueldo en CatalunyaCaixa cuando la entidad estaba en crisis.
Según ha confirmado oficialmente la Fiscalía General del Estado mediante una nota, la sustitución persigue sin embargo «que los Fiscales delegados de la Anticorrupción asuman los casos de su territorio y los de la fiscalía especial puedan ocuparse de los asuntos de Madrid».
Añade que este cambio «no supone modificación alguna en la línea que ha mantenido la Fiscalía en cada uno de los procedimientos y facilitará la asistencia a la práctica de diligencias».
En el marco de esta causa, la Fiscalía Anticorrupción considera acreditado que el exconseller de Justicia y exsecretario de Govern, Germà Gordó, era «el conseguidor o el recaudador» de presuntas comisiones ilegales pagadas por constructoras a CDC a cambio de concesiones de obras públicas.
La Fiscalía sostiene que «no existe explicación legal y coherente que justifique la cantidad de gestiones, comidas, interlocuciones y reuniones» que Gordó ha mantenido con empresarios, algunas de ellas en la sede de la antigua CDC e incluso en el Palau de la Generalitat.
En base a informes de la Guardia Civil, la Fiscalía enumera cinco casos en que Gordó habría actuado «decisivamente»: obras del Consorcio de Educación, trabajos en un dique en el Puerto de Barcelona, la mejora de la carretera C-55, la plaza de les Glòries de la capital catalana y en un instituto en Manresa (Barcelona).
