Vivimos en la época de la transparencia. El Consejo General del Poder Judicial presume de ser uno de las instituciones mejor valoradas en lo que la transparencia se refiere.
Pero ¿vivimos de cara al público o somos realmente transparentes?.
No hace mucho escribíamos en un periódico especializado, confilegal.com, una serie de artículos sobre las posibles nulidades en las que podrían incurrir algunas de las decisiones del alto órgano de los jueces.
¿Alguno de ustedes, apreciados lectores, pudo saber cuál era la opinión de este órgano sobre lo que se sugería?
Nosotros no.
Y a nuestro entender tampoco la página especializada en la que escribíamos, la que nos transmitió sin ningún pudor que nadie de los estamentos oficiales se habían puesto en contacto con ellos para salir al paso de nuestras disquisiciones.
Es cierto que no es preciso hacerlo, quizá ni siquiera aconsejable, pues ese no es el foro de debate en el que haya de quedar zanjada la discusión.
¿Pero eso significa transparencia?
Nos consta y así nos lo hicieron llegar que el artículo había sido leído y hasta ahí nos basta; pero no se puede presumir de dar publicidad a más de las cuestiones que exige la norma para considerarse transparente.
La transparencia tiene otros cánones. Foros de discusión sobre materias complejas cuya decisión y reflexión nos afectan y que no deben ser dejados al albur del debate dialéctico en un foro jurídico limitado pues su acogimiento o no a las normas trasciende más allá del caso particular.
Transparencia significa rebatimiento de tesis, aunque sean manteniendo la contraria.
Transparencia significa contestar a los recursos de los justiciables, aunque sea para quitarles la razón y no basarse en resoluciones presuntas.
Transparencia significa, en fin, una idea de gobierno, no de cumplimiento normativo o de ajuste a algún reglamento.
Transparencia significa una forma de ser.
