La ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal reconoce que las reciente polémica por la actuación de la Fiscalía Anticorrupción en las diligencias de la ‘Operación Lezo’ no contribuyen a la «confianza de los ciudadanos» en la institución y ha abogado por «blindar» la independencia del fiscal general del Estado.
Madrigal ha asegurado que la función del Ministerio Fiscal, que ha considerado una «pieza clave como puente entre la sociedad y los tribunales».
Durante su participación en un coloquio celebrado este jueves en el Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros de Madrid, Madrigal ha destacado la necesidad de reformar en este sentido tanto el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal como el régimen disciplinario que afecta a los miembros de este colectivo para dotarles de una mayor fortaleza.
Preguntada por la oposición de los fiscales anticorrupción a las instrucciones del fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, con las que supuestamente pretendía obstaculizar la investigación del caso Lezo, ha asegurado que «es necesario normalizar este tipo de recursos hacia las instrucciones de los superiores y el debate cuando hay criterios diferentes».
Además, la antecesora en el cargo de José Manuel Maza ha propuesto hasta tres opciones concretas «para acabar con la sensación de dependencia del fiscal General del Estado con el Gobierno» que le designa.
Una de ellas pasa por ampliar el mandato de este cargo a un periodo de 5 o 6 años –actualmente cesa cuando cesa el Gobierno-, con lo que el cargo iría más allá de la legislatura.
FISCAL GENERAL NOMBRADO POR EL PARLAMENTO
Igualmente, Madrigal ha planteado la posibilidad de establecer el sometimiento de la gestión del fiscal general al control parlamentario «cada cierto tiempo» y que su nombramiento no lo realice el Ejecutivo sino el Parlamento «a través de mayoría cualificada».
Sobre esta última posibilidad, Madrigal ha admitido no obstante que la medida precisaría de una reforma de la Constitución y que puede que se termine manteniendo la percepción negativa del cargo dado que serían los políticos los que en todo caso seguirían siendo los encargados de la elección del fiscal general. (CONFILEGAL/EP)
