El plazo máximo para la trasposición de la directiva 2014/17/CE (directiva hipotecaria) finalizó el 21 de marzo de 2016.
En abril de 2016 Navas & Cusí, ya advirtió de que el gobierno no había cumplido el plazo de trasposición generando un grave problema de inseguridad jurídica
En julio de 2016 el gobierno presenta un borrador de directiva a consultas donde señalan expresamente que su objetivo es la trasposición parcial de la directiva.
Desde entonces se han presentado varios anteproyectos que siguen sin cumplir plenamente lo dispuesto en la directiva, haciendo una trasposición parcial y afectando gravemente al principio de efectividad.
El gobierno parece desconocer que su obligación de trasponer no es disponible: debe hacerlo totalmente y en plazo.
No hacerlo no implica la no vigencia de la directiva. La norma comunitaria está igualmente vigente desde el 21 de marzo de 2016 en aplicación del principio de supremacía del derecho comunitario.
Una situación que genera una enorme inseguridad jurídica.
Las hipotecas constituídas desde el pasado 21 de marzo de 2016 se encuentran en una situación de limbo jurídico y podrían ser susceptibles de ser declaradas nulas.
Por eso la Comisión Europea apremia ante Luxemburgo al gobierno español -además del croata, chipriota y portugués- para que traspongan ya la citada directiva.
Nos parece bien, porque consideramos que el retraso es bochornoso y culpable.
Nos podríamos haber ahorrado este descrédito nacional haciendo los deberes a tiempo como Navas & Cusí lleva denunciando reiteradamente en el último año.
