La Asociación de Fiscales respondió ayer a la Unión Progresista de Fiscales (UPF) que la petición que se hizo por parte de sus tres vocales en el Consejo de cesar al fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, son «rumores» y que gracias a la labor de esta institución, el expresidente de la Comunidad de Madrid y cabecilla de la ‘Operación Lezo’, Ignacio González, está en prisión.
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de dicha asociación y fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, dijo que ha quedado demostrado que «si hay un imputado que se alegraba» del nombramiento de Moix -en referencia a una conversación telefónica entre González y el exministro Eduardo Zaplana– es precisamente el que está en prisión gracias a la labor de la Fiscalía Anticorrupción
Alonso respondió así a la UPF, que ha pedido apartar a Moix de la Fiscalía Anticorrupción ante su «apariencia de parcialidad» y debido a sus decisiones «apresuradas e incomprensibles» al tiempo que advirtió que el principio de dependencia jerárquica por el que se rige el Ministerio Fiscal no debe ser concebido como fundamento para la imposición de criterios individuales o particulares.
Sin embargo, Alonso respondió que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal se rige bajo los principios de «legalidad e imparcialidad» de cara a que se promueva la misma acción de la Justicia en todo el territorio nacional y se consiga una posición común entre los representantes del Ministerio Público.
«Lo que nosotros tendemos es hacia un modelo de Ministerio Fiscal lo más imparcial e independiente posible dentro de los parámetros de la Constitución. Sí que entendemos que tienen que haber unos principios de unidad de actuación porque sino cada fiscal actuaría de manera diferente según la parte del territorio nacional en que se encontrase», precisó Alonso.
REFORZAR COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS
Por otra parte, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) opina respecto a este punto que Moix ha cometido dos decisiones que no son correctas, en referencia por un lado a su postura contraria a la del fiscal de la ‘Operación Lezo’ Carlos Iáñez en relación a determinados registros vinculados a operaciones de la empresa Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa) -filial del Canal de Isabel II-, y por otro a la propuesta de relevar a los fiscales del caso del 3 por ciento; decisión que Maza aplazó en el Consejo Fiscal de ayer.
«Nos oponemos a que un jefe pueda dictar una orden de no hacer algo (…) Proponemos que si un jefe remueve o sustituye a un fiscal en un caso concreto tiene que tener la aprobación del Consejo en la siguiente reunión y si no le convencen las razones debería dejarse sin efecto esa decisión. Los órganos colegiados (del Ministerio Fiscal) existen pero hay que reforzar su competencia», dijo el portavoz de la APIF, Miguel Pallarés.
Por ello, matizó que reforzar las competencias de las Juntas de Fiscales, de Sala y Consejos Fiscales es clave ya que, de lo contrario, la institución se convertirá en una «cadena de transmisión de orden y disciplina» y al final se transmite a la opinión pública que se funciona bajo la fórmula del «ordeno y mando».
Respecto a las declaraciones hechas ayer por Moix en las que planteó que se denuncien a los medios que difundan filtraciones, Pallarés ha considerado que dicha postura no conduce a que el ciudadano vuelva a recuperar la confianza en la institución y que la lucha se tiene que librar contra los hechos ocurridos no contra el que lleva a cabo las filtraciones. EP.
