La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) no ve bien la designación de Manuel Moix, actual fiscal de Sala en el Tribunal Supremo (TS), como responsable de la iniciación y tramitación de todos los expedientes disciplinarios en la Carrera Fiscal.
Según informa en un comunicado, no considera «idóneo» el perfil del elegido «para tan trascendental cargo para el conjunto de los fiscales».
«Debemos recordar que el designado tuvo que dimitir de la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción por haberse descubierto que poseía con unos familiares una sociedad offshore en Panamá. Creemos que el Promotor de la Acción Disciplinaria, que exigirá responsabilidades a los fiscales, debe llevar y haber llevado una trayectoria ejemplar, y eso no es compatible con la conducta que le determinó a abandonar la Jefatura de la Fiscalía Anticorrupción, al margen de las circunstancias que en su día rodearon su nombramiento para aquel cargo, que también recordamos», explica.
No obstante, el Consejo Fiscal informa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de su parecer en materia de nombramientos, siendo este informe preceptivo, pero no vinculante. En opinión de esta asociación, el nuevo fiscal general «está ejerciendo su cargo de forma autocrática y contraria a la imagen y prestigio del Ministerio Fiscal». «Lo decimos con pesar», apunta.
La APIF destaca que «ni un solo apoyo» tuvo el fiscal general para este nombramiento que cuestionan «entre los vocales electos del Consejo Fiscal, que le hicieron ver los inconvenientes» de dicha designación y ofrecieron «apoyo a otras opciones que no suscitaran ningún tipo de reproche».
Los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF) apoyaron a Francisco Moreno, fiscal de Sala que desempeña la Jefatura de la Unidad de Apoyo al fiscal general del Estado, mientras que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales dieron su apoyo a María Teresa Olavarría. Moix tan solo contó con el respaldo de las dos vocales natas del Consejo Fiscal: la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y la inspectora jefa, María Antonia Sanz.
La APIF critica que García Ortiz eligió, de entre todas las opciones posibles, «la única contraria al sentido común y al prestigio de la institución».
En la anterior reunión del principal órgano asesor de la Fiscalía ya se produjeron nombramientos en contra del criterio mayoritario, como el de la exfiscal general del Estado Dolores Delgado como nueva jefa de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo o el de Marta Durantez Gil como nueva teniente fiscal de la Audiencia Nacional en sustitución de Miguel Ángel Carballo, que también fueron cuestionados por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.
«Confiamos en que el fiscal general empiece a rectificar cuanto antes en el modo de dirigir la Fiscalía, evitando el modelo ‘Rey Sol’ que tanto criticó cuando no ostentaba dicho cargo», concluye la APIF, en referencia a unas declaraciones que hizo en su día referentes al correcto funcionamiento de la Fiscalía General.
Moix estuvo al frente de Anticorrupción apenas tres meses, de marzo a junio de 2017. Presentó su renuncia «irrevocable por motivos personales». La decisión se enmarcó en la polémica desatada después de que Infolibre publicara que desde 2012 era dueño junto a sus hermanos del 25% de una empresa offshore constituida en 1988 en Panamá y dueña de una propiedad inmobiliaria en Collado Villalba (Madrid).
El nuevo promotor de la Acción Disciplinaria de la Fiscalía defendió entonces que estaba al día con Hacienda y que ya declaró en su momento la propiedad de la vivienda, un chalet valorado en más de medio millón de euros radicado en Panamá que heredó de sus padres, del que él era propietario de un 25%.
Esta polémica estuvo precedida por otras referidas a su gestión en Anticorrupción y a varios enfrentamientos con algunos miembros de su equipo respecto de investigaciones que afectan al Partido Popular, en aquel momento en el Gobierno, como son los casos ‘Púnica’ y ‘Lezo’.
