Manuel Moix Blázquez, fiscal de Sala en el Tribunal Supremo, sección social, será el nuevo promotor de la Acción Disciplinaria (pAD) de la Fiscalía General del Estado por un mandato de dos años, no prorrogables.
Una figura que emula a la existente en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que nace con los mismos objetivos: tramitar y resolver quejas y reclamaciones
promovidas ante la Fiscalía referentes a actuaciones de fiscales, tramitar y resolver las diligencias informativas abiertas como consecuencia de las denuncias recibidas o tramitar, archivar, o proponer sanciones por los expedientes disciplinarios abiertos.
Se da la circunstancia de que el Ministerio Fiscal, compuesto por una plantilla de 2.613 fiscales, tiene un índice de sanciones mínimo. En 2021 solo se abrieron 3 diligencias informativas. Y un mismo número de expedientes disciplinarios, según datos Consejo General del Poder Judicial.
Son cifras inusitadamente bajas para un cuerpo tan numeroso que está manejando diariamente casos altamente sensibles.
Su creación, ciertamente, es una apuesta por la transparencia.
Como ya ocurriera con otros nombramientos, su designación es decisión personal del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Sólo lo votaron las 2 vocales natas del Consejo Fiscal –está compuesto por 11 miembros–, la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y la inspectora jefe, María Antonia Sanz.
Los 6 vocales de la Asociación de Fiscales y el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales se decantaron por apoyar a Francisco Moreno, fiscal de Sala que desempeña la Jefatura de la Unidad de Apoyo al fiscal general del Estado.
Hay que recordar que el Consejo Fiscal tiene una función meramente consultiva. Las votaciones ni atan ni vinculan a la decisión que pueda tomar el fiscal general del Estado.
CASI TRES MESES COMO FISCAL ANTICORRUPCIÓN
Manuel Moix fue nombrado fiscal jefe Anticorrupción por el desaparecido fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en febrero de 2017. Fue elegido por delante de otros seis aspirantes, todos ellos miembros de Anticorrupción.
Maza, entonces, justificó su nombramiento subrayando que esa Fiscalía necesitaba «un impulso» y alguien de fuera que cambiara determinadas «dinámicas».
Moix desembarcó en Anticorrupción con un cometido muy concreto: «poner orden» en esa Fiscalía y acabar con las «investigaciones prospectivas» dirigidas a la búsqueda de ‘algo’, que pudiera ser un indicio de delito”, así “como la extensión sin límite de las investigaciones dirigidas a explorar, sin verdadero soporte real, el posible hallazgo de eventuales infracciones penales”.
Una año después, apenas unas semanas antes de morir en Buenos Aires, en su discurso de apertura de tribunales de 2018, dejó muy claro, negro sobre blanco, a los fiscales anticorrupción que dichas prácticas debían acabarse de una vez por todas.
“Ha de descartarse el inicio de investigación alguna cuando las denuncias (policiales, de la Agencia Tributaria o de particulares) se funden exclusivamente en meras hipótesis subjetivas o en simples plasmaciones de suposiciones”, afirmó el entonces fiscal general del Estado y magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en servicios especiales.
De esa forma, el desaparecido fiscal general del Estado quiso corregir una práctica detectada en los últimos años en la Fiscalía Anticorrupción, que ahora dirige Alejandro Luzón, y es que las instrucciones de los casos, además de las investigaciones policiales, parecían dirigirlas y llevarlas a cabo los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Moix fue, desde el primer momento, un «cuerpo extraño» en la Fiscalía Anticorrupción. Permaneció 87 días en el cargo.
Su gestión se vio marcada por la polémica y los enfrentamientos con otros fiscales por discrepancias en la investigación de algunos asuntos de corrupción relacionados con los casos Púnica y Lezo, que afectaban al PP, ese momento en el Gobierno.
El nuevo promotor de la Acción Disciplinaria de la Fiscalía General del Estado defendió entonces que estaba al día con Hacienda y que ya declaró en su momento la propiedad de la vivienda, un chalet valorado en más de medio millón de euros radicado en Panamá que heredó de sus padres, del que él era propietario de un 25 %.
Finalmente presentó su renuncia.
Moix tiene 58 años y no está afiliado a ninguna de las tres asociaciones de fiscales.
Su sustituto en el Supremo será Manuel Campoy, hasta ahora fiscal de la Audiencia Nacional.
