Jorge Bravo, presidente y Mariano Casado, Secretario General de AUME, en una de sus múltiples comparecencias ante los medios informativos.
La AUME reclama una política de Estado que ayude a solventar los graves problemas de los militares
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07/5/2017 04:58
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Actualizado: 07/5/2017 03:03
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Sin prisa pero sin pausa los militares van ganando derechos de forma lenta pero con un rumbo fijo: equipararse al resto de ciudadanos de a pie del país. Gracias al movimiento asociativo en el que la osAsociación Unificada de Militares Españoles (AUME) es punta de lanza las conquistas se van logrando. En el fondo subyace la necesidad de una política de Estado transversal a nivel de Ministerios para resolver los problemas de estos profesionales.
Un reciente fallo de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha vuelto a reconocer el derecho a la libertad de expresión de estos profesionales.
En este caso el afectado ha sido José Salazar, delegado de la propia AUME en Murcia que fue condenado en febrero del 2013 a un mes y tres días de arresto 2013 por haber enviado un mensaje a través del correo interno del Ministerio de Defensa, en el cual, entre otras consideraciones, decía lo siguiente: «Con esta reunión también queremos dar apoyo solidario a nuestra delegada de asuntos femeninos a la que están complicando la vida por su labor asociativa».
Este fallo del que CONFILEGAL ya se hizo eco en su momento “ha puesto la necesidad de eliminar el arresto del régimen disciplinario de los militares. Así sucede en la mayor parte de los países de nuestro entorno que han acabado por suprimirlo o hay una intervención judicial de por medio en casos graves y se puede impugnar la decisión ante órganos jurisdiccionales no castrenses”, indica Mariano Casado, letrado y secretario general de AUME que promovió el recurso ante el propio Constitucional. “Es una privación de libertad en toda regla que se impone por una autoridad que no es independiente judicialmente”, aclara.
El problema siguiente es el resarcimiento que podría tener el propio delegado de AUME en Murcia tras este fallo “hablamos de hechos del 2013 y el fallo se ha dado a conocer hace unos días. Su carrera profesional se ha visto truncada pese a ser un militar con muchos años de experiencia y una familia a cuestas. Alguien tendrá que poner orden en esta situación”. Por todo ello, la AUME espera que el Ejército del Aire, el Ministerio de Defensa y el CNI reparen «de manera inmediata y urgente el daño causado y reconozcan su mala praxis y un ejercicio de potestades administrativas en contra del ordenamiento jurídico».
En este contexto cree Casado que de oficio puede tener derecho a ese resarcimiento. Si no se activase, nosotros lo pediremos al Tribunal Constitucional via escrito donde quede clara la responsabilidad patrimonial del Estado”. Para este jurista hay unos daños evidentes que se generan de esa sanción “mal impuesta y que trasciende a la privación d libertad porque han afectado en su carrera de profesional, teniendo incluso que cambiar de destino”.
Para este jurista la clave es que “estas decisiones las tomen personas preparadas con conocimientos suficientes y alejadas del estamento militar para evitar cualquier parcialidad”.
El arresto que se suprimió de la Guardia Civil hace diez años de su Código Disciplinario es pues una figura que se encuentra en el ojo de la polémica en estos momentos “hay muchos arrestos aún en la jurisdicción militar, incluso en procedimientos por falta leve sin ninguna garantía y posibilidades de defensa. En un ejército moderno en un Estado de Derecho como el nuestro no puede suceder”, aclara el secretario general de AUME.
La asociación cree que esta sentencia marcará una interpretación «novedosa y con relevancia de futuro» del derecho fundamental a la libertad de expresión de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil en relación con el ejercicio del derecho fundamental de asociación profesional”.
Desde AUME se señala la falta total de integración de nuestros militares a otro entorno laboral que no sea el suyo.
Desde AUME se va a iniciar una campaña para que se pongan en marcha iniciativas parlamentarias con ese fin y para que se aborde la «urgentísima reforma» de la jurisdicción militar, «que, una vez más, ha quedado en evidencia por su falta de independencia y por sostener criterios de interpretación de derechos fundamentales y de la disciplina, alejados de la realidad social y de la interpretación del propio Tribunal Constitucional», señala nuestro interlocutor.
La asociacion ha iniciado una seria de reuniones en el Congreso con los portavoces de Defensa de Ciudadanos y Unidos-Podemos, que continuará con otros en los próximos días.
Mesa Asociativa en marcha
Al mismo tiempo AUME ha puesto en marcha la llamada Mesa de Diálogo Interasociativo Militar en colaboración con la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), para la necesidad de establecer espacios de trabajo y de reflexión conjunta, con la única finalidad de contribuir y propiciar el cumplimento y consecución de un estatuto de plena ciudadanía para los militares “los problemas están identificados y hay muchas soluciones en las que ambas entidades estamos de acuerdo”, indica Casado.
Esta Mesa nace con la voluntad de ser una mesa abierta al diálogo a otras asociaciones de cara a plantear propuestas tanto al Ministerio de Defensa como a los Ejércitos y a la Armada y a la sociedad civil. “Se trata de hablar con todos los interlocutores válidos que puedan aportar su visión de las cuestiones que preocupan a los profesionales de las Fuerzas Armadas”.
Desde AUME se sigue con cuidado el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado de este año, ahora en su debate. “Tiene carencias importantes. A nivel de Defensa esa partida no se ha debido con nadie. En materia de personal es muy continuista no aborda los problemas del personal, y en cuestiones de infraestructuras se olvida de aquellas que tienen que ver con las condiciones laborales de los propios profesionales, muchas de ellas son deficientes y ahí se desenvuelven nuestros militares. No parece que haya una apuesta por esa mejora”, aclara el secretario general de esta Asociación.
Los militares son hoy por hoy, el colectivo con más problemas para su integración laboral en otras actividades. Es un problema que se arrastra en los últimos quince años
Respecto al problema de la mayor parte de los profesionales de tropa y marinería que a los 45 años de edad, ya están algunos abandonando su carrera militar, pocas novedades hay al respecto. Ni la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ni la Subcomisión de Defensa del Congreso de los Diputados ha abordado el tema a fondo.
“Este próximo miércoles 10 de mayo, nuestro presidente, Jorge Bravo, intervendrá en dicha Subcomisión. Además de hacer un diagnóstico de la situación propondrá algunas soluciones para este problema”. Una cuestión que ya analizaron para CONFILEGAL recientemente.
Para este jurista, al mismo tiempo presidente de la sección de derecho militar del ICAM, “la solución a muchos de estos problemas trascienden el ámbito militar. Es fundamental diseñar una Política de Estado transversal, en este caso con implicación de los Ministerios de Empleo y Educación de cara a asegurar un futuro notable a nuestros militares que dejen la carrera profesional”. Curiosamente como ya denunció el Sindicato Unificado de Policías (SUP) a nuestro medio “ faltan 10.000 policías. Una cifra que estoy seguro que muchos de estos profesionales que dejan la carrera militar podrían con la formación adecuada ser parte de este cuerpo policial”.
En su opinión “los militares son hoy por hoy, el colectivo con más problemas para su integración laboral en otras actividades. Esta cuestión hay que resolverlo. Es un problema que se arrastra en los últimos quince años”.
Casado recuerda que desde la aprobación de la ley 8/2006 de Tropa y Marinería poco se ha hecho a este respecto. “Siempre ha faltado una política de Estado en este contexto y ahora el futuro de muchos compañeros que dejan la carrera militar es muy negro por no estar preparados para reciclarse en el entorno laboral”.
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