De izquierda a derecha: Joan Chapman de Aon España; Laura Cózar de Accuracy; José María de Paz, socio de Pérez Llorca; Julián Nuñez, presidente de Seopan; Elena Veleiro of counsel de Perez-Llorca y Stéphane Buemi de Fitch Ratings para EMEA.
La colaboración pública y privada en la financiación de infraestructuras es clave para el sector
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10/5/2017 04:58
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Actualizado: 07/6/2022 15:45
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Romper la tendencia actual en la que se ha desinvertido bastante en los últimos años en infraestructuras fue una de las claves del encuentro entre la patronal de la construcción, SEOPAN, la consultora Accuracy, Fitch Ratings, AON y el despacho de abogados Pérez-Llorca. Para los expertos la colaboración pública y privada en la financiación de infraestructuras y la compartición de riesgos puede ser la clave para activar un sector a la baja pese a su peso en el Producto Interior Bruto (PIB) Nacional.
En la jornada, se analizó el clima de inversión en infraestructuras en España, se reflexionó sobre el modelo concesional en nuestro país y se desgranaron las principales operaciones del sector con el foco puesto en la evolución del perfil del inversor, todo desde las perspectivas de expertos analistas y abogados.
En su intervención, Julián Núñez, presidente de SEOPAN, Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, indicó que, “garantizar la competitividad y bienestar social de nuestro país es un objetivo irrenunciable que no será posible cumplir si no asumimos el decidido compromiso con las infraestructuras que nuestro país necesita. En este momento, estamos a la cola de la UE y continuamos invirtiendo apenas el 40 % de la media de las 4 mayores economías europeas”.
Desde su punto de vista “España tiene un gran déficit de inversión en varias áreas de infraestructuras de importante calado social y debe alcanzar un pacto de estado, ajeno al ciclo electoral, que fije nuestras prioridades en infraestructuras y garantice su realización. Dicho pacto debe dar respuesta a la realidad con la que nos topamos: la financiación presupuestaria es insuficiente para acometer las infraestructuras necesarias por lo que deben plantearse fórmulas alternativas, principalmente a través de concesiones bien estructuradas”.
Nuñez aludio a la situación de las infraestructuras en nuestro país y comentó las principales conclusiones del estudio “Hacia un modelo eficiente de colaboración público-privada”, elaborado por esta patronal en colaboración con la consultora Deloitte y el despacho de abogados Uría Menéndez . Los presupuestos generales del Estado presentados por el Gobierno para 2017 retrotraen a España a los niveles reales de inversión de hace 22 años, y suponen el menor ratio de inversión sobre el PIB de la serie estadística nacional, según ha destacado el presidente de Seopan .
En total, ha detallado que el techo de gasto se ha reducido en casi 2.200 millones, lo que supone un recorte del 21,5%, mientras que la economía española creció por encima del 3% en los últimos dos años. “En lugar de propiciar una recuperación gradual de nuestra inversión presupuestaria en infraestructuras, está restringiéndola cada vez más para atender otras prioridades”, indicó Julián Nuñez.
Por su parte, Elena Veleiro, counsel del Departamento de Público, y José María de Paz, socio de Corporate e Infraestructuras, ambos de Pérez-Llorca, comentaron los aspectos jurídicos más sensibles asociados a la inversión y gestión de infraestructuras como la delimitación del riesgo y ventura del concesionario, la regulación del equilibrio económico del contrato, el impacto de las mal llamadas “remunicipalizaciones” de servicios públicos y el status actual de la figura de la empresa mixta como herramienta para articular la gestión indirecta del servicio.
En otro momento, comentaron algunos de los aspectos más relevantes que en relación con la inversión de infraestructuras contiene el último borrador de la Ley de Contratos de Sector Público.
Para Veleiro “esperamos que en la tramitación parlamentaria se enriquezca el texto que conocemos. Se debería aclarar en ese texto las obligaciones contractuales del pliego y definir mejor los riesgos de esa operación en búsqueda de una mejor concreción del equilibrio económico contractual”. Para esta jurista, nuestro país se percibe como un escenario seguro pese a episodios oscuros para los inversores internacionales.
Hay que buscar proyectos de inversión atractivos
Por su parte, Laura Cózar, directora de la firma de consultoría Accuracy, concluyó durante su ponencia que, “la combinación de una mayor racionalización de la planificación con un entorno macroeconómico más estable en España, debería propiciar en los próximos años el desarrollo de proyectos eficientes, económicamente atractivos y bancables, con participación de inversores nacionales e internacionales. Racionalización, en el sentido de impulsar de infraestructuras prioritarias en sectores aún deficitarios como el ciclo integral del agua y los residuos. Atractivos, en el sentido de proyectos bien estructurados, con buena previsibilidad y equilibrada asignación de riesgos de demanda y operación”.
Para Stéphane Buemi, responsable de Transporte e Infraestructura de Fitch Ratings para EMEA, desgranó la visión de los acreedores y de la agencia de calificación en cuanto a los riesgos financieros, operacionales y regulatorios del mercado de infraestructuras español. Además, realizó una comparativa entre los emisores y el entorno operativo español con respecto a otros mercados europeos como el francés o el italiano. Por último, apuntó que los ratings reflejan cómo la estructura de la deuda y el apalancamiento financiero ayudan a mitigar el riesgo operacional y regulatorio de los proyectos en España.
A continuación, Jon Chapman, director en el departamento de Construcción y Energía en AON España, comentó la importancia de un buen entendimiento de los riesgos asociados a proyectos de infraestructuras y la gestión de los mismos mediante su transferencia al mercado asegurado y su asignación contractual. Asimismo, resaltó la importancia de elaborar un programa de seguros que se amolde de manera específica a cada proyecto, con el fin no sólo de proporcionar protección a la cuenta de resultados del proyecto sino también para conseguir el cierre financiero necesario para la viabilidad del mismo.
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