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El Consell de la Advocacia Catalana reclama 70 nuevos juzgados para acortar las demoras

El president del Consell de l’Advocacia Catalana, Carles McCragh y la decana de la Facultad de Derecho de la UAB, Ester Zapater, las dos instituciones que han impulsado la Cátedra 'Observatorio Económico y Social de la Justicia'.
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Los datos son demoledores, pero reflejan una realidad compleja y dura en nuestra administración de justicia Un estudio realizado por la Cátedra del Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC) y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) “Observatorio Social y Económico de la Justicia” revela que, en Catalunya, el tiempo medio transcurrido desde la presentación de una demanda hasta que se notifica la sentencia de primera instancia es de 620,4 días (20,4 meses).

Para Carles McGragh, presidente del Consell de la Advocacia Catalana, órgano que representa a los catorce colegios de esta comunidad autónoma “esta es muy mala noticia conocer estos datos “que un ciudadano tendrá su juicio dos años después de interponer su demanda. Deberían reducirse mucho más los tiempos a un año como mucho”, indica a CONFILEGAL. También advierte que hay que  mejorar otros datos como en la presentación de recurso de apelación, la duración media es de 577,3 días (19 meses).

Cuando le preguntamos las medidas para reducir estos tiempos de espera McGragh responde que “es fundamental contar con más recursos humanos y juzgados. Eso significaría que la justicia dejaría de ser la Cenicienta de la administración de justicia española y catalana. Se tarda 620 días en acudir a juicio pero luego queda la ejecución de esa sentencia, cuestión que sabemos se demora bastante”.

Respecto a los medios que pudieran hacer falta, el presidente del Consell catalán indica que con setenta nuevos juzgados y sus correspondientes efectivos, la situación podría mejorar en esta Comunidad Autónoma, con competencias transferidas desde hace años “El balance de estas competencias transferidas es aceptable. Pero creo que le falta dotación económica para que sus resultados sean mejores, no olvidemos que los trabajadores y funcionarios los pone la Generalitat siempre y cuando tenga medios económicos para ello”.

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Como buena colaboración existente entre la abogacía catalana y el gobierno de la Generalitat hay que citar el acuerdo institucional al que han llegado para el Turno de Oficio. “Hemos logrado que se nos pague prácticamente a mes vencido. Es posible que los baremos puedan mejorar económicamente, pero por lo menos no tenemos el retraso que hay en otras Comunidades Autónomas”, indica  McCragh.

Juzgados provinciales no es la solución para el tema hipotecario

Al igual que otras veces se han alzado en contra de la propuesta del Plan del CGPJ, consensuado con el Ministerio de Justicia “no parece lógico centralizar en juzgados de provincia los temas hipotecarios. Creo que no se ha tenido en cuenta la opinión de la abogacía, como pasa con otros temas.  No es la solución. Se aleja la justicia al ciudadano”. Para este jurista, con esta medida queda claro que el Real Decreto del Ministro Guindos para solventar el problema de las cláusulas suelo no ha funcionado. “De alguna forma el Gobierno se puso más a favor de los bancos que de los consumidores”.

McCragh, al igual que otros expertos como Agustín Azparren, indican que hubiera sido un buen momento con este asunto hipotecario de por medio para desarrollar un programa de mediación hipotecaria en lugar del citado Real Decreto “Falta cultura en nuestro país sobre estos métodos extrajudiciales, pero era el momento adecuado para poder utilizarla y así demostrar que la mediación era una herramienta alternativa a los conflictos judiciales”.

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Preguntado por el anuncio del ministro de Justicia, Rafael Catalá, hace unos días de estar trabajando en una nueva ley de tasas,  el presidente del Consell destacó que “cualquier ley de tasas es una mala noticia. La justicia debe ser gratuita”. Para el presidente del Consell otra   cosa sería  que las grandes empresas que utilizan mucho la administración de justicia pudieran pagar alguna cantidad por ese uso, a veces indebido a veces “ pero habría que estudiarlo”.

Sobre la prueba de Acceso a la Abogacía y el anuncio del propio Catalá de que en el año 2018 deberían ser los Colegios de Abogados quienes gestionasen esta prueba, el presidente del Consell señala que “es una buena idea. Los Colegios somos los que conocemos mejor que nadie cuáles deben ser las competencias de un abogado en sala, La prueba hay que cambiarla. Debe ser más práctica y ahí podría encajar un modelo mixto de teoría y práctica. Pero la solución puede estar en los Colegios de Abogados”.

Para Carles McCragh, “el papel de la abogacía institucional en nuestra sociedad es importante. Hay que contar con nosotros para cualquier tramitación de una ley.  Estamos más cerca del justiciable que cualquier otro estamento”. Sobre el repunte penal que hay en estos datos advierte que “se ha intentado muchas cosas y parece que no se puede hacer más. La propia despenalización de los accidentes de tráfico ha sido un error. Las víctimas ahora están en un proceso civil donde tienen que negociar con las aseguradoras”.

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Un momento del acto celebrado este lunes en el Palau Macaya de Barcelona.

Baja la tasa de litigiosidad en Catalunya

Respecto al estudio se puede observar que en Catalunya, la litigiosidad se ha reducido entre los años 2014 y 2015 en todos los órdenes jurisdiccionales. En conjunto, los asuntos ingresados 2015 han sido 164,8 por cada 1.000 habitantes, 10,6 menos que el año anterior (una reducción del 6,0%).

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La litigiosidad en Catalunya es de un orden ligeramente inferior a la del conjunto del Estado, que es de 179,7 y se sitúa en la mitad del rango de las Comunidades Autónomas, siendo Andalucía la Comunidad Autónoma que registró una mayor tasa con 209,4 asuntos por cada 1.000 habitantes, seguida de Madrid (202), Canarias (196,7) y Baleares (194,2). En el otro extremo aparece el País Vasco (122,8) y La Rioja (123,5), que presentan las tasas de litigiosidad más bajas de toda España

Este Informe sobre el estado de la administración de justicia en Catalunya 2016, pretende ofrecer un análisis más completo sobre el funcionamiento de este servicio público en Catalunya, proponiendo un sistema de evaluación propio que permitirá conocer anualmente su situación y evolución.

Según ha explicado el presidente de la Comisión de Comunicación del Consell, Abel Pié, “los datos de este informe se irán actualizando cada año, con el fin de ofrecer unos indicadores objetivos de transferencia reconocidos a escala nacional, estatal e internacional que valoren y evalúen el estado de la justicia en Catalunya”. Se puede consultar  Informe CICAC-UAB estat justícia Catalunya 2016

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