La Brigada Tuitera vuelve al campo de batalla para una luchar por una nueva causa justa que, consideran, deben combatir con todas sus fuerzas: la puesta en marcha de los 54 nuevos Juzgados provinciales para cláusulas abusivas que, según el Plan de Urgencia pensado, desarrollado y puesto en marcha por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), supuestamente deberían comenzar a operar el 1 de junio próximo en las 17 Comunidades Autónomas.
Algo que no va a ocurrir en todas.
El «general» de la Brigada Tuitera, y decano del Colegio de Abogados de Cartagena, José Muelas, se encuentra este fin de semana reunido con los abogados Ángel López, Alfredo Herránz, Mariel Taboada, Carmen Giménez, Aurelio González y Sylvie Molina, asistente jurídico, todos ellos miembros de este movimiento social y profesional que aglutina a más de 15.000 personas en toda España, en Villarcayo de Merindad de Castilla La Vieja, al norte de la provincia de Burgos -muy cerca de Cantabria y de Euskadi-, una población situada muy cerca de Bisjueces.
En ese pueblo, precisamente, tuvo su sede el primer tribunal de la historia de Castilla, en el siglo IX, en el que administraron justicia Laín Calvo y Nuño Rasura.
Todo un símbolo para este colectivo, que jugó un importante papel en la guerra porque se suprimieran las tasas impuestas por Alberto Ruiz-Gallardón en 2012; su gran victoria.
Allí la «Brigada Tuitera» ha querido estudiar con detenimiento el «Plan de Urgencia» del CGPJ, publicado ayer, precisamente, en el BOE y las futuras operaciones «bélicas» a desarrollar.
«Este plan sólo favorece a los bancos. Se ha hecho para favorecerlos, hay que decirlo de forma clara. Si sólo nos centramos en las reclamaciones por gastos, por ejemplo, que son cantidades de 800 o 900 euros por individuo, teniendo en cuenta que podría haber en torno a 3 millones de demandantes, el plan del CGPJ estaría regalando a los bancos entre 3.000 y 4.000 millones de euros», declaró Muelas a Confilegal por teléfono. «Eso no es moco de pavo».
Un plan que no ha sido unánime
Un plan que no ha contado con la unanimidad de los 8 miembros de la Comisión Permanente. Dos de ellos, la vocal progresista, Pilar Sepúlveda -abogada-, y la vocal conservadora, Nuria Díaz Abad -notaria-, se descolgaron votando en contra.
Desde el punto de vista de Muelas, la situación es crítica. «Los consejos de la abogacía de Cataluña y de Andalucía se han pronunciado de forma muy contundente, en contra. Y otros están siguiendo la misma senda. Es necesario que nos movilicemos para impedir este plan maldito que, además, va a ser implementado de forma desigual. Porque las Comunidades Autónomas de Galicia y el País Vasco han dicho que no es necesario, al menos hasta que se conozca el volumen de demandas. Andalucía, Valencia y Cataluña también han dicho que no lo van a aplicar. Por eso, es necesaria una nueva movilización», cuenta el abogado.
«Para la ‘Brigada Tuitera’ es el momento de volver al campo de batalla para combatir este malhadado plan», remacha.
Precisamente, en esa dirección Muelas, junto con los «brigadistas» Rafael Cobos, Carolina de la Mata, Desi Boeba y Luis Sosa, se entrevistaron con los diputados del grupo socialista de la Asamblea de Madrid Ángel Gabilondo y Pilar Llop; con Juan Trinidad, vicepresidente de la Asamblea por Ciudadanos; y con Marco Candela Pocorna y Jacinto Morano, de Podemos Madrid.
Los representantes de los ciudadanos en el Parlamento madrileño apreciaron las explicaciones de la «Brigada Tuitera» y concluyeron que el «Plan de Urgencia» del CGPJ ciertamente está condenado al fracaso, según los brigadistas presentes.
