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Con 4 meses de retraso el Gobierno crea una Comisión de Seguimiento sobre las cláusulas suelo

cláusulas sueloEl Gobierno crea una Comisión de Seguimiento del RD 1/2017 sobre cláusulas suelo que no convence a nadie.
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Supervisar el trabajo de los bancos en cuanto a su relación con los clientes y resolución de asuntos es el principal cometido de la Comisión de Seguimiento para las cláusulas suelo, aprobada este viernes en Consejo de Ministros,  cuatro meses después de la entrada en vigor del Real Decreto 1/2017  que impulsaba este método extrajudicial entre bancos y afectados. Una Comisión sin capacidad ejecutiva y que no tiene capacidad sancionadora si los bancos, como ya está pasando, se niegan o retrasan la devolución de esas cantidades.

Esta Comisión estará presidida por el subgobernador del Banco de España y tendrá como miembros el secretario técnico del Ministerio de Economía, representantes del Ministerio de Justicia, Sanidad, Consejo de Consumidores, CGAE, CGPJ y Asociación Hipotecaria Española. Semestralmente tendrán que presentar un informe, con lo cual es previsible que este mes de julio tendremos el primer documento sobre este asunto y sus incidencias más notables.

Se crea por Real Decreto 536/2017, de 26 de mayo, por el que se crea y regula la Comisión de seguimiento, control y evaluación prevista en el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, y por el que se modifica el artículo 6 del Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre, de desarrollo de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorro y fundaciones bancarias.

Un fracaso de Comisión

Para Pau Montserrat, economista y profesor asociado de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) , impulsor del portal Futurlegal esta normativa se puede resumir en diez palabras: “Comisión de liviana evaluación de los acuerdos por cláusula suelo. Liviana evaluación porque solo cada seis meses informará del número de acuerdos y denegaciones de solicitudes extrajudiciales, las medidas compensatorias ofrecidas y el importe de los pactos suscritos”, comenta

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Desde su punto de vista “seis meses para constatar el fracaso de un Real Decreto-ley 1/2017 creado bajo la tutela de las entidades financieras, con algunos objetivos inconfesables, a mi juicio: demorar las demandas judiciales de los afectados, desmotivar al número máximo de potenciales demandantes y rebajar la factura de los clientes a los que se ofrece alguna solución”.

Esta Comisión de Seguimiento debería haberse formado al mismo tiempo que el periodo inicial de pactos. Solo así se hubiera podido controlar a los bancos

A su juicio la medida hubiera funcionado si “un mecanismo de este tipo habría tenido algún éxito si, al menos, se obligara a las entidades financieras a devolver o denegar la devolución íntegra de cantidades, sin posibilidad de medidas compensatorias, y con la obligación en todos los casos de entregar las simulaciones de cuadros de amortización utilizadas por los bancos. Ni más ni menos”.

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Para Montserrat “La asimetría informativa que existe en la negociación auguraba su uso en beneficio de la parte fuerte. La rimbombante Comisión de seguimiento, control y evaluación debería haberse formado al mismo tiempo que el periodo inicial de pactos, en febrero. Solo así podía controlar desde el inicio como utilizaban los bancos dicho instrumento negociador. En cuanto al seguimiento, no tiene mucho sentido hacerlo cuando la carrera está ya decidida, sino cuando empieza y hay alguna emoción en cuanto a su resultado”.

También incide en la falta de capacidad sacionadora de la Comisión “ni en cuanto a los acuerdos ofrecidos, ni en las denegaciones producidas, ni en los posibles datos incorrectos aportados para el informe semestral.”

“En definitiva, la Comisión es un mero órgano colegiado de carácter representativo para contabilizar el fracaso previsible y previsto del mecanismo de resolución extrajudicial de cláusulas suelo. Una pantomima con actores pésimos, con un actor secundario del Consejo de Consumidores y Usuarios para que la obra tengo un halo de ecuanimidad. Una comisión de liviana evaluación para ofrecer a la opinión pública un resultado pésimo decorado de esfuerzo negociador”.

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La Comisión empuja a los afectados a los Tribunales

Para Patricia Gabeiras, abogada experta en derecho financiero, es bastante decepcionante que dicha Comisión no tenga capacidad ejecutiva “como mucho podrán ayudar a que algunos casos se puedan resolver en el muy largo plazo. Al final la salida son los tribunales, como sucedió tras los resultados de muchos arbitrajes tras las preferentes,  con el escenario tan dantesco que se presenta en un país con la escasa planta judicial que tenemos”.

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Con esta medida, “al no darse una solución global lo que si se hace es quitarse porcentaje de asuntos. Es de nuevo un parche que se carga de nuevo sobre las instituciones comunes públicas. Otro coste que tiene que asimilar el sistema. Esta Comisión generará un coste importante en la Administración y no tenemos claro de su utilidad real”, aclara Gabeiras, quien destaca la falta de expertos en materia hipotecaria en la misma.

Hay que lamentar la falta de efectividad de dicha Comisión que podría abrir la puerta a la responsabilidad patrimonial del Estado

A juicio de esta abogada, experta en derecho financiero “otra solución hubiera sido poner en marcha una Comisión de Autorregulación como se ha hecho en Inglaterra del propio sector y que se puso en marcha hace unos años, podría ser más efectivo que esta Comisión Pública que desde fuera se la ve con poca capacidad de decisión”. Y recuerda que hay muchas resoluciones del Banco de España sobre swaps, cláusulas suelo o multidivisa, pero al no tener capacidad ejecutoria hay que ir a tribunales a lograr que se declaren nulas”.

Para la socia directora de Gabeiras & Asociados hay que lamentar la falta de efectividad de la citada Comisión y abre la puerta a la responsabilidad patrimonial del Estado “en el caso que como Comisión Pública se equivoque en su actuación, podría incluso existir. Recordemos que aquí hay una infracción de derecho comunitario, es el TJUE quien ha fijado los criterios, y si no se subsana podría ser el Estado responsable final de la situación.

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La Comisión llega muy tarde y los partidos políticos no han dicho nada

Para Fernando Zunzunegui es paradójico que “agotado el plazo de tres meses que el citado Real Decreto señala, se cree ahora dicha Comisión de Seguimiento. Debería haber arrancado con el mismo proceso y ya haber trabajado desde el inicio en esas tareas de supervisión. Sabemos que hay bancos que se han negado a devolver el dinero y otros como Bankia que han llegado a un acuerdo con los clientes. Por desgracia, los primeros no van a tener ninguna sanción por su comportamiento”.

Nuestros políticos se han preocupado poco por controlar esta Comisión de Seguimiento. Al final los afectados tendrán que acudir a los tribunales

La aparición de esta Comisión al final del citado proceso lo que genera es que “los clientes queden liberados de ir a los tribunales. Unos tribunales que, con la medida del CGPJ de especializar 54 juzgados en estos asuntos, van a sufrir mucho para poder dar respuesta a toda la avalancha de asuntos que les va a llegar”.

Zunzunegui se muestra sorprendido por la apatía del Gobierno y que el resto de partidos políticos no pidan una rendición de cuentas sobre este espinoso asunto. “El PSOE habló de estar pendiente de la citada Comisión pero no le hemos oído ni una palabra o Ciudadanos que dio visto bueno al Real Decreto y la Comisión que es una pieza esencial de esta solución extrajudicial tampoco se ha pronunciado sobre el asunto.

El socio director de Zunzunegui Abogados se muestra contrariado porque con esta actitud          “ nuestros políticos parecen estar al margen de los problemas de la sociedad pese a que se deben a sus votantes y este asunto  afecta a miles de personas de toda España. Que no se preocupen del tema y hagan un seguimiento de este conflicto masivo dice muy poco de ellos. Muy poco han hecho en estos tres meses que sepamos”.