La Fiscalía Provincial de Madrid solicita a la Justicia que le sea impuesta una pena de 5 años de prisión al abogado Javier Saavedra Fernández -conocido como el abogado de «los famosos»- por los delitos de deslealtad profesional y apropiación indebida.
El ministerio fiscal reclama, asimismo, una indemnización de 433.083 euros para el empresario barcelonés, Javier Rigau, todavía marido de la actriz italiana Gina Lollobrigida, a quien representaba profesionalmente, y otros 34.000 euros para una procuradora.
El representante del ministerio público mantiene, en su escrito de acusación, que el trabajo de Saavedra perjudicó “notoriamente” a su cliente desde el punto de vista “moral” y “económico”.
Ei 25 de octubre de 2006 la revista “¡HOLA!” anunció la relación sentimental y el compromiso matrimonial de Lollobrigida con Rigau.
A raíz de dicha publicación comenzó una “campaña” en diversos medios de comunicación contra el Rigau al que calificaron, entre otras cosas, de mentiroso, delincuente o gigoló.
“Todo ese conjunto de improperios –señala el escrito de acusación- ocasionaron a (…) una absoluta preocupación por lo que nombró para la defensa de su derecho al honor al acusado”, Javier Saavedra, dice el escrito de acusación.
Saavedra, desde el despacho profesional que él mismo dirigía, comenzó a interponer “constantes” y “repetidas” demandas contra el honor llegando a pedir a los demandados cifras de dinero “desproporcionadas” que oscilaban entre los 200.000 y los 300.000 euros.
Y ello “con el exclusivo ánimo de cuantas más demandas se presentaran y, cuanto más dinero se reclamaba, más facultado estaba para interesar de su defendido (…) mayores cantidades económicas como provisión de fondos y minuta profesional, para después desatender su labor profesional”.
Por el concepto de provisión de fondos llegó a ingresar 237.400 euros.
El acusado interpuso demandas contra varios programas de distintas cadenas de televisión -Antena 3 Televisión, Telecinco y Telemadrid- y muchas de ellas fueron inadmitidas por defectos de forma como no aportar un certificado de empadronamiento para acreditar la competencia territorial de un determinado juzgado, no presentar ante el juez los CDs donde presuntamente se vertían descalificaciones contra su representado o repetir la misma demanda hasta en cinco juzgados distintos “para ganar más en la provisión de fondos”.
En total, de las 44 demandas prometidas a su cliente Saavedra sólo interpuso la mitad “y pese a ser cobradas anticipadamente por el letrado en sus provisiones de fondos” tan sólo ganó dos.
Eso sí, por un importe de dinero muy inferior al que exigía y que no llegaba ni a los 3.000 euros.
