El exjuez Baltasar Garzón ha acusado a Javier Saavedra, abogado defensor de Francisco Correa en el juicio por los contratos de la rama Gürtel en Valencia que ha llegado a su fin, de mentir sobre su persona en el turno de conclusiones del juicio.
«El letrado Saavedra ha afirmado en su turno de conclusiones que su cliente y el considerado número dos de la trama, Pablo Crespo, permanecieron cinco días detenidos ilegalmente ‘porque el juez estaba de cacería’«, explica Garzón en un comunicado hecho público hoy.
«Dicha afirmación es falsa y no es más que una maniobra poco ortodoxa tendente a la anulación de la causa contra Francisco Correa y los demás imputados con argumentos inciertos y faltos de rigor«, afirma el exjuez.
«Las diligencias policiales concluyeron a las 23:30 horas del domingo 8 de febrero de 2009 y los detenidos fueron puestos al día siguiente a disposición del Juzgado dentro del plazo legal de 72 horas (art. 17 CE y 520 de la LECrim.), momento en que se les tomó declaración», añade.
Según Garzón, la Fiscalía solicitó expresamente la suspensión de esa comparecencia «por la necesidad de practicar con carácter previo una diligencia de prueba, la apertura de una caja fuerte, para solicitar posteriormente, en su caso, la medida de prisión o de libertad provisional. Todo ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo 505.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».
«La afirmación de que ‘el mantenimiento de la detención fuese porque estaba cazando’, es incierta y, por el contrario, respondió a la necesidad de que se practicase la apertura de una caja de seguridad en la oficina de Cajamadrid de la calle Velázquez, 96 de Madrid, que no podía realizarse sino al día siguiente», continúa el comunicado.
«Se remitió oficio a la UDEF para que los funcionarios policiales, trasladaran y reintegraran a los detenidos al Centro Penitenciario una vez concluida la diligencia. Finalizado el plazo señalado, se continuó la comparecencia y en la misma, la Fiscalía solicitó la prisión provisional y ésta fue acordada. La petición no era caprichosa por parte de la Fiscalía, puesto que la propia UDEF, en solicitud presentada ante el Juzgado, había informado que estaba pendiente de verificación la concreción de las sucursales y números de contrato de las cajas de seguridad de los implicados y por esta razón había solicitado que quedara dicha diligencia en suspenso hasta que no se obtuviese la información necesaria. Esta concreción se conoció una vez se encontraban detenidos los señores Crespo y Correa», agrega Garzón.
«Incluso en la mencionada comparecencia, el abogado José Antonio López Rubal que en aquel momento ostentaba la defensa de Francisco Correa y de Pablo Crespo, en su turno de palabra manifestó que no se oponía a la práctica de la diligencia solicitada por la Fiscalía. Existían causas suficientemente motivadas y amparadas por la legislación penal para mantener esa situación y la misma en ningún caso se adoptó antes de que los señores Correa y Crespo prestasen declaración ante el Juzgado», concluye.
LO QUE SE DIRIME EN EL JUICIO POR LA GÜRTEL VALENCIANA
Trece personas se han sentado en el banquillo de los acusados, desde el pasado mes de marzo, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el primero de los seis juicios de la llamada “trama Gürtel” que restan por los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, enriquecimiento injusto, tráfico de influencias, falsedad e infidelidad en la custodia documental.
En concreto, por la contratación y montaje del pabellón valenciano en la feria Fitur, de Madrid, entre 2005 y 2009.
De esas trece personas, dos han sido exconsejeras del entonces presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps: Milagrosa Martínez, que ocupó la cartera de Turismo de 2004 a 2007 -que ayer fue expulsada del PP-, y Angélica Such, sucesora suya en el mismo cargo, entre 2007 y 2009. También figuran Rafael Betoret, ex jefe de Gabinete de Turismo, Ana Grau, coordinara de ferias de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) –la consejera era la presidenta de este ente-, Isaac Vidal, ex jefe del Área de Mercados de la AVT, Jorge Guarro, jefe del Servicio de Promoción de la AVT, y Juan Bover, jefe del Servicio de Infraestructuras Turísticas.
Por la trama Gürtel los encausados han sido Francisco Correa, líder de la misma, Pablo Crespo Sabaris, su número dos, Álvaro Pérez, “El Bigotes”, responsable de Orange Market, S.L., Cándido Herrero, consejero delegado de Orange Market, S.L., Isabel Jordan, ex administradora de empresas de la red, y Mónica Magariños, ex empleada de las empresas de Correa.
El meollo de las acusaciones en este juicio se ha centrado centra en las adjudicaciones realizadas por la AVT, entidad pública de la Generalitat Valenciana, a Orange Market, S.L., y a otras sociedades vinculadas, la cual se ocupaba de organizar y llevar a cabo la mayor parte de los actos políticos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV).
Según la Fiscalía, el importe total facturado a la Generalitat Valenciana por la trama Gürtel supera los 5 millones de euros. Los responsables de la trama supuestamente obtuvieron “ilícitos beneficios” por duplicidades de pago o sobrecostes de, por lo menos, 298.380 euros.
La investigación de esta causa tiene su origen en la instrucción que inició el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, sobre una supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP y que operaba en Madrid y Valencia.
Lo que después recibió el nombre de “caso Gürtel”.
