Más dureza contra las imprudencias graves con resultado de muerte y penar la conducta de abandono de lugar del accidente del conductor infractor. El Grupo Popular del Congreso presentará esta semana una proposición de Ley Orgánica para modificar la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal para endurecer estos supuestos que han generado en los últimos meses cierta alarma social ante la cascada de accidentes de ciclistas y peatones, muchos de ellos mortales.
La aprobación de esta reforma supondría en la práctica modificar los artículos 142 y 152 para el primer supuesto y endurecer con pena de cárcel de 1 a 4 años el concepto de imprudencia grave y perdida del carnet en un espacio entre uno y seis años. En el punto 3 del citado artículo se da la potestad motivada al juez de elevar en uno o dos grados la pena superior si el hecho fuera grave, afectara a un grupo de personas y constituyese delito.
Por su parte, en el artículo 152 y su nueva redacción se indica que quien generase por imprudencia grave lesiones importantes será castigado en atención al riesgo creado y resultado producido. Aquí las penas de prisión pueden ser de 1 a tres años de cárcel y multas de seis a dieciocho meses en funciones de las lesiones generadas. En ambos artículos se refiere al artículo 379 del Código Penal donde se define lo que es la imprudencia grave en la conducción
Sobre el artículo 382 del Código Penal, según los expertos la redacción aclara mejor los supuestos y establece obligaciones para que quien haya generado un accidente no se marche, so pena de verse inmerso en penas entre seis meses y cuatro años de cárcel y retirada del permiso de conducir entre un año y cuatro, si hubiera resultado de muerte.
Una reforma reclamada por la sociedad civil
Esta propuesta de reforma podría ser el punto final de unas reivindicaciones que desde hace casi un año se plantea al ministro de Justicia, Rafael Catalá. El exponente más claro fue la viuda de Óscar Bautista, Anna González, ciclista atropellado por un camión que se fue a la fuga y que luego la jueza archivó el caso como imprudencia leve.
Como saben nuestros lectores de CONFILEGAL Anna ha emprendido una cruzada para procurar que nuestros políticos cambiaran de parecer sobre este tema. Aquel mes de diciembre del 2016 entrega al Ministro 200.000 firmas para la reforma que ahora se prepara de los artículos del Código Penal que regulan el homicidio por imprudencia y la omisión del deber de socorro.
El propio Ministro de Justicia reconocía ante los medios informativos que allí estábamos cubriendo dicha reunión que habría que buscar la forma de actualizar dichos artículos del Código Penal. Con esta reforma que plantea el PP se quiere introducir una obligación añadida de atención al socorro, especialmente en el supuesto del fallecimiento de la persona accidentada. En la actualidad, en el caso de un accidente de tráfico con resultado de muerte y el conductor se da a la fuga, no es culpable del delito de omisión de socorro porque no había nadie a quien socorrer.
Hace unas semanas tuvo lugar en Madrid la reunión del Consejo Superior de Tráfico, organismo que se convoca y al que acuden las principales autoridades de esta materia con Juan Ignacio Zoido, Ministro del Interior y Gregorio Serrano, director de la DGT al frente. En esa reunión de trabajo se crearon determinados grupos de trabajo, todos ellos enfocados a la reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial y sus correspondientes reglamentos.
Hay que reformar la Ley de Tráfico y Seguridad vial
La sensación que existe es que junto al cambio en el Código Penal esta otra reforma legal también es imparable. Con los grupos de trabajos se determinará entre todos si las penas y las sanciones hay que incrementarlas, están bien o hay que hacer algún tipo de modificación. Tras esa fase se hará una propuesta de reforma que, como la mayor parte de ellas, tendrá que someterse a la consideración de los grupos políticos en el Congreso de los Diputados.
En otros ámbitos, fiscales, profesionales de la seguridad vial y otros expertos coinciden en que la despenalización que se hizo de los accidentes de tráfico con la reforma del 2015 no fue acertada. Así el propio Bartolomé Vargas, fiscal de Coordinador de Seguridad Vial, en las últimas jornadas por estos profesionales hablaba de indefensión de las víctimas de los accidentes de tráfico.
También expertos en seguridad vial como los abogados Daniel Vosseler o Javier López Garcia de la Serrana se habían mostrado a favor de un endurecimiento del Código Penal en determinas comportamientos detectados al volante. Ambos juristas fueron muy críticos con el plan de la Dirección General de Tráfico para frenar esta siniestralidad e indicaron que aquella despenalización de los accidentes de tráfico había dejado a las víctimas muy desasistidas a todos los niveles.
Junto a ello en diferentes parlamentos autonómicos se han presentando distintas propuestas para mejorar la seguridad vial. De todas las que se han presentado citar la de Podemos en el Parlamento a la Junta de Andalucía para aumentar la seguridad de los ciclistas en las carreteras de Andalucía, donde hubo más de mil accidentes entre 2011 y 2015, según la DGT. O la moción interpuesta por el PP en la Asamblea Regional de Murcia con el fin de instar al Gobierno de España a que revise del código Penal los artículos que regulan el homicidio por imprudencia y la omisión del deber por socorro y contra la seguridad vial.
