El promotor de la Acción Disciplinaria en funciones (pAD), José Sierra Fernández, ha acordado hoy abrir expediente disciplinario al magistrado Manuel Ruiz de Lara, titular del Juzgado de lo Mercantil número 10 de Barcelona, por apoyar los debates jurídicos universitarios -por los que no recibió compensación económica alguna- sin contar «autorización de compatibilidad».
Sierra considera que estas actividades desarrolladas por Ruiz de Lara «pueden ser susceptibles de constituir dos faltas muy graves de las previstas en los artículos 417.13 y 417.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y una grave del artículo 418.14 de la misma norma», según una nota de prensa hecha pública por la Oficina de Comunicación del Consejo General del Poder Judicial.
Según la misma, Ruiz de Lara ha colaborado con el Consejo General del Debate Judicial, Fundación del Consejo General del Debate Judicial y Fundación Española del Debate Jurídico e Instituto de Estudios Bursátiles en los cursos académicos 2014/2015 y 2015/2016 en la organización y promoción de un número indeterminado de debates universitarios.
Debates que también ha promovido la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ), organización compuesta por jueces, magistrados, fiscales, abogados y ciudadanos preocupados por el buen funcionamiento de la justicia.
Según el CGPJ, dichas actividades han sido patrocinadas «por varias y coincidentes entidades privadas», pero no especifica ni acusa a Ruiz de Lara de haber recibido cantidad económica alguna.
El pAD en funciones, Sierra Fernández, que sustituye temporalmente al dimitido Antonio Jesús Fonseca-Herrero hasta que sea elegido su sucesor, la primera de esas supuestas infracciones se refiere al “abuso de la condición de juez para obtener un trato favorable e injustificado de autoridades, funcionarios o profesionales” y está relacionada con un correo electrónico remitido por el magistrado desde su cuenta de correo corporativo (@poderjudicial.es) a la Embajada de España en Estados Unidos.
En dicho e-mail pedía ayuda a nuestra legacion diplomática en Washington para organizar debates jurídicos con equipos de universitarios de ese país.
Las otras dos infracciones por las que se incoa el expediente disciplinario son las previstas en el artículo 417.6 (“ejercicio de cualquiera de las actividades incompatibles con el cargo de juez o magistrado”) y 418.14 de la LOPJ (“ejercicio de cualquier actividad de las consideradas compatibilizables a que se refiere el artículo 389.5.o de esta ley, sin obtener cuando esté prevista la pertinente autorización o habiéndola obtenido con falta de veracidad en los presupuestos alegados”).
Ruiz de Lara figura como miembro de la Junta Directiva de la Plataforma Cívica para la Independencia Judicial, constando únicamente autorización de compatibilidad para desempeñar las funciones de portavoz de esta asociación, concedida por la Comisión Permanente del CGPJ con fecha de 23 de diciembre de 2014.
