La Fiscalía de Madrid recurrirá la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que absuelve a todos los procesados en el ‘caso Guateque‘ tras anular toda la prueba, al entender que la prueba de las grabaciones era «legítimamente valorable».
La impugnación se producirá al entender el fiscal que la sentencia vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.
En su fallo, los magistrados de la Audiencia de Madrid consideraron que todas las pruebas practicadas durante la instrucción son «nulas» y «carentes de validez», ya que la grabación de un testigo protegido que dio origen a la investigación judicial fue realizada sin autorización del juez Santiago Torres y al margen de cualquier procedimiento penal.
Indicaron que se vulneraron todos y cada uno de los requisitos jurisprudencialmente exigidos en la incorporación al proceso de la grabación magnetofónica que dio origen a la denuncia, ya que, dicen textualmente, ésta no sólo no supera lo controles de legalidad constitucional ni los de estricta legalidad ordinaria, sino que ni siquiera existe.
“Es inexplicable que no se haya aportado la cinta original al juzgado, ni que éste haya requerido su entrega o, al menos, realizara alguna indagación al respecto. Resulta igualmente paradójico el silencio que sobre este extremo guardaron las acusaciones durante la instrucción, mutismo que se ha extendido al acto del juicio oral, en el que no ha prestado declaración ninguna persona que hubiera escuchado la grabación original”.
En el banquillo de los acusados se sentaron treinta acusados de formar parte de una supuesta trama de licencias exprés asentada en el seno del Ayuntamiento de Madrid de la época del mandato Alberto Ruiz-Gallardón.
En el juicio, los abogados solicitaron al tribunal que declarara nula la grabación obtenida por un empresario, una prueba que propició que se impulsara el proceso judicial.
La nulidad de esta prueba da lugar a que se aplique la denominada teoría de ‘los frutos del árbol envenenado‘ es una doctrina que hace referencia a las pruebas de un delito obtenidas de manera ilícita que contaminan el resto.
El fiscal, que pidió al inicio una suma de 250 años de cárcel, rebajó solo las penas a los procesados que reconocieron los hechos de los que se les acusaba. En cambio, mantuvo la pena para el resto, entre ellos para el exjefe de División municipal de Impacto y Análisis Ambiental de Medio Ambiente, Victoriano Ceballos, y los once años de prisión para su superior, Joaquín Fernández Castro
