Varias asociaciones y socios de la SGAE denunciaron la existencia de la trama de "La Rueda", que ahora investiga el magistrado Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional. Confilegal
100 millones de euros podría ser el fraude relacionado con la música que emiten las televisiones de madrugada y que investiga la AN
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25/6/2017 04:55
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Actualizado: 25/6/2017 01:43
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Ismael Moreno, magistrado juez del Juzgado de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, imputa los delitos de pertenencia a organización criminal y corrupción en los negocios al pianista gaditano Manuel Carrasco Tubio, Fernando Bermúdez Ruiz y Rafael de Tena Tena por un supuesto fraude que podría ascender a 100 millones de euros relacionado con el registro fraudulento de temas musicales plagiados o levemente modificados, como si se trataran de obras nuevas y que podría afectar a los 120.000 socios de la Sociedad General de Autores (SGAE).
La investigación, llevada a cabo por el Grupo de Delitos contra la Propiedad Intelectual y por el Grupo XI de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional, tuvo su origen en las denuncias presentadas por varias asociaciones y socios individuales SGAE que afirmaban que había un grupo de socios que se dedicaban a apropiarse de sus derechos de autor.
«Tales actuaciones irregulares, conocidas en el sector como ‘La Rueda’, consisten en el registro fraudulento de supuestas modificaciones de obras originales como si de obras nuevas se tratasen, sin variación alguna de la auténtica y original en la mayor parte de los casos y en otros con ligeras modificaiones de la partitura original», dice el juez Moreno en su auto.
Algunos de los «plagiados» son nada menos que Wolgang Amadeus Mozart o Schubert.
Dichas obras eran después registradas «bien a nombre de los denunciados o de personas de su entorno, bien a nombre de sociedades creadas para tal fin como cesionarias de los derechos de autor».
«De igual modo, se han mostrado indicios a lo largo de la investigación de la connivencia de varios responsables de contratación de televisiones con Bermúdez y Carrasco, que más allá de la cesión de derechos mencionada, parecen recibir pagos en metálico (y probablemente bajo titularización de obras) por beneficiar los intereses de los investigados, estando claramente a su servicio», añade el magistrado.
Las televisiones en las que se han venido pasando este tipo de obras son Canal Sur, Aragón TV, RTVE, Euskal Telebista y Telemadrid.
El periodo que se investiga va de 2006 a 2011.
De acuerdo con el magistrado Moreno, tales actuaciones podrían llevarse a cabo «en connivencia con trabajadores de productoras de televisión, mediante el abono de comisiones para que el repertorio se difunda en horas nocturas, con preferencia a otras obras, con cesión de derechos de autor a famlires, cónyuges o hijos o creando sociedades o porductoras para evitar ser detectados».
Beneficio político
Tales actuaciones tendrían, además, un «beneficio político», ya que la SGAE reparte el número de votos entre sus socios en función de las cantidades percibidas por generaciones de derechos de autor, «permitiendo así tener poder de decisión en la Junta y perpetuando el sistema de reparto que permite perpetuar el fraude».
Los dos primeros citados, Manuel Carrasco y Fernando Bermúdez son las dos personas centrales de la trama.
Carrasco junto con Bermúdez «han conseguido trazar un sistema preconcebido y perdurable en el tiempo, fundamentado en el plagio de obras de dominio público, leves modificaciones de las mismas y creación de otras de muy baja calidad, gran parte de las cuales son titularizadas a nombres de famliares y testaferros bajo diferentes Editoriales y Cesionariarias pertenecientes a los investigados».
Estos formalizaron contratos con los responsables de contratación de música y contenidos de las diferentes cadenas de televisión.
La «tarta», al parecer, se dividía en tres trozos: por una parte, las televisiones se quedaban con un porcentaje variable de los derechos de autor de las obras plagiadas o modificadas emitidas a través de sus pantallas, por otra parte, los responsables de las contrataciones con Bermúdez y Carrasco, «parecen recibir pagos en metálico por beneficiar los intereses de los investigados, estando claramente a su servicio», y por otra lo que supuestamente se llevaban los investigados.
Carrasco disponía, para ello, de varias empresas: Galerías Mónaco, S.L., Centauros Unión, S.L., Eagle Records, S.L. Misha Enterprise, S.L. y Eurodelta Music, S.A. En esta última también participa Bermúdez, que aparece vinculado a otras tantas empresas: Urlaub, S.A., Arizaga y Bermúdez, S.L., Servyconsult Iberia, S.L, Fabb Gestión de Autores, S.A., Desarrollo Industrial e Inmobiliario, S.A., Delta Resarch, S.A., KMO S.A., Swaps y Opciones, S.A., Servyconsult Canarias, S.L., Musical Camins Cruxent 555, S.L, Rivendel Cesión, S.L e Inversora Cartagena 76, S.A.
El magistrado Moreno afirma en su auto que ambos han conseguido encontrar «el modo de enriquecerse con música de baja calidad utilizando una serie de ‘artimañas’, en muchas ocasiones ilícitas».
Música de tan baja calidad que hace que la situación sea aún más gravosa para los autores que aún con más calidad y material más cuidado, se quedan fuera de este negocio.
Soborno
Rafael de Tena Tena, por su parte, está vinculado a las empresas Cesionaria de Oca a Oca, S.L., Ole tu ritmo, S.L., Detena Producciones, S.L., Recinser, S.L., Globo Agencia de Viajes, S.L., Bestena Music Publishing, S.L., Centro Europeo de Cirujía Plástica y Estética, S.L.
En el auto del magistrado se puede leer que «mantiene fuertes contactos en varias televisiones que emiten sus repertorios como contraprestación de la cesión de derechos de obras y ‘tratos de favor’ que por referencias consistentes se basan en el soborno«.
«Se ha demostrado la presentación de obras fraudulentas en los repertorios manejados por sus socios. La SGAE abona liquidaciones a sus empresas en función de las emisiones de los repertorios musicales que son emitidos por las televisiones y por los cuales las mismas obtienen retorno. Por estos hechos está siendo investigados por fraude fiscal por la Agencia Tributaria».
Sus actividades se vinculan con Telemadrid, Euskal Telebista, Televisión Canaria, Televisión de Castilla y León y Televisón de Castilla-La Mancha, Mediaset y Antena 3 Televisión.
Junto a Carrasco, Bermúdez y De Tena, fueron detenidas 18 personas más. A los tres primeros se les impuso una fianza de 100.000 euros a cada uno.
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