«El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha convertido en un ‘oráculo’ para los jueces españoles. De hecho, el TJUE ha empoderado a los jueces de instancia con relación al Tribunal Supremo, los ‘jueces de última palabra’, porque les permite consultar al tribunal de Luxemburgo directamente mediante las cuestiones prejudiciales, y tener respuestas de gran impacto para el ejercicio de la Justicia en nuestro país, como ocurrió con los casos Aziz y De Diego Porras», explica Cristóbal Molina , de 51 años, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad de la Universidad de Jaén, XXXI Premio La Ley de artículos doctrinales que concede Wolters Kluwer.
El trabajo, brillante por su planteamiento y claridad, lleva por título «La cuestión prejudicial y ¿el fin de los tribunales de ‘última palabra’?: Experiencias de tutela del contratante débil», y está dotado con 12.000 euros, dinero que invertirá en una Fundación que promueve que el AVE pase por su Jaén natal.
Molina, que en el pasado presentó su candidatura a magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, afirma que el «fervor judicial nacional por la ‘cuestión prejudicial’ ante el TJUE ha puesto de manifiesto la existencia de una ‘revolución jurídico-cultural’ que en estos momentos se está produciendo».
El catedrático premiado parte del análisis de las sentencias del TJUE sobre los casos de Aziz, sobre cláusulas suelo, y De Diego Porras, que estableció que los interinos debían ser indemnizados, que han supuesto auténticos terremotos cuyas consecuencias todavía se están sintiendo a día de hoy.
«El principio de interpretación conforme al derecho de la Unión Europea urge a cada juez a poner en práctica, incluso en contra de su Tribunal Supremo y de su Tribunal Constitucional, un diverso modelo de montrol de la validez y de la eficacia de las leyes nacionales, basado no en la unilateralidad ni en la exclusividad sino en el diálogo entre todos los niveles, hasta permitirles a los jueces de instanacia la inaplicación de las leyes disconformes», dice Molina.
El germen, la última reforma de la LOPJ
De acuerdo con el catedrático premiado, «el germen» que ha posibilitado este cambio está contenido en el artículo 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), introducido en la reforma de la 21 de julio de 2015, porque acota la eficacia del principio de primacía comunitaria a la «interpretación de conformidad».
Y dice que si en tal quehacer interpretativo tienen dudas -segundo apartado- tienen a su disposición la posibilidad de plantear la cuestón prejudicial ante el TJUE.
Esto, según Molina, supone «un puenteo» de hecho tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional -en relación al sistema hasta ahora imperante, en el que ambos eran tribunales de última palabra- porque permite al juez de primera instancia, como ocurrió en los casos citados, acudir al TJUE en busca de respuestas rápidas, en contraposición a la lentitud de las sentencias de los tribunales citados.
Esto está produciendo un profundo cambio del papel tradicional tanto del Supremo como del Constitucional y está convirtiendo al TJUE en el Supremo Europeo «de facto».
Molina, que es también árbitro laboral (SIMA y SERCLA), director del Laboratorio-Observatorio de Riesgos Psicosociales de Andalucía, miembro del Grupo Europeo sobre «Violencia y acoso en el trabajo», director de la Revista Centro de Estudios Financieros (CEF) Trabajo y Seguridad Social, miembro de número de la Academia Brasileña de Derecho del Trabajo, y consejero del Consejo Económico y Social de España, recibió su premio en una acto que se celebró ayer tarde en Madrid y al que asistieron el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y el magistrado de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional Enrique López, entre otros juristas.
